Según un auto conocido este jueves, García Castellón, que ha tomado esta decisión en el marco de la 'operación Tándem', acusa a la empresa energética y a la entidad bancaria de los delitos de cohecho y revelación de secretos.

Estas empresas habrían incurrido en estos delitos al contratar a Villarejo para llevar a cabo una investigación sobre Del Rivero y su entorno.

El juez requiere a Repsol y a Caixabank para que designen un representante, así como abogado y procurador para llevar a cabo la comparecencia en la que se informará a los representantes de las dos compañías de los hechos que se les atribuyen.

LLAMADAS PINCHADAS

Una vez celebrada dicha comparecencia, el titular del juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia cita para tomar declaración al representante designado por Repsol, S.A. y por Caixabank S.A el 26 de julio del año 2021 a las 10 de la mañana.

En el auto se indica que consta indiciariamente acreditado que ambas compañías, a través de sus responsables de seguridad, realizaron un encargo directo a Villarejo, cuando se encontraba en servicio activo en la Policía para investigar a Del Rivero y su entorno.

Dicha investigación, añade el magistrado en su escrito, se habría utilizado para frustrar el pacto que Luis del Rivero, a través de Sacyr, había alcanzado con la empresa mexicana Pemex para tomar el control de Repsol S.A., compañía en que Caixabank S.A. era accionista de referencia.

Del mismo modo, el juez considera indiciariamente acreditado que ambas compañías, actuando conjuntamente, accedieron al tráfico de llamadas telefónicas realizadas por Del Rivero y personas de su entorno.