El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, intervino en el encuentro anual de DigitalES, la patronal de las ‘telecos’ en España, y detalló el último calendario de aprobación de estas tres leyes que maneja el Gobierno.
En primer lugar, sobre la nueva Ley de Telecomunicaciones, explicó que una vez celebrada la audiencia pública del anteproyecto, el Ejecutivo está dando los últimos retoques al articulado para su aprobación “seguramente a la vuelta del verano”.
Sobre la ley audiovisual, indicó que tras la segunda audiencia pública que se ha abierto hasta el próximo lunes y que va a suponer la derogación de la ‘tasa’ de financiación de RTVE que se aplica hasta ahora a las telecos, la previsión es que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de ley “en torno a octubre o primeros de noviembre como muy tarde”.
En cuanto a la tercera ley, la nueva ley de ciberseguridad, cuentan con que pueda ser aprobada por el Gobierno “a finales de año”.
En su intervención, Roberto Sánchez señaló que este año se van a ejecutar ya 830 millones de euros de los 2.000 que prevé el plan de conectividad recogido en el programa de reconstrucción y resiliencia que ha presentado el Gobierno para 2021-2023.
Ese plan de recuperación contempla 1.500 millones de euros para despliegue de 5G, y de ellos este 2021 se van a canalizar entre 150 y 170 millones, según el alto cargo del Ministerio de Asuntos Económicos.
RÉGIMEN “FLEXIBLE”

En su intervención, Sánchez comentó que están hablando con la Comisión Europea para “adecuar” el régimen de ayudas de Estado a las necesidades de despliegue del sector.

En un reciente acto público, el secretario de Telecomunicaciones defendió la conveniencia de que la UE se dote de un “régimen más flexible” de control en las ayudas del Estado, en un momento como el actual de reconstrucción por la crisis sanitaria.
Al Gobierno le “preocupa” este asunto, reconoció, porque lo ve algo “muy relevante” con vistas a la canalización de los fondos europeos de recuperación.
A su juicio, el control sobre las ayudas de Estado debe mantenerse, “para impedir que con dinero público se dope a unas empresas y que sean más competitivas en unos países que en otros”, porque eso beneficiaría a las naciones con un mayor potencial económico.
“Pero en situaciones como ésta, en la que se trata de relanzar la economía, tendríamos que tener un régimen más flexible y de aprobación más rápida” de las subvenciones estatales, que “permita inyectar ese dinero en la economía, porque inyectar dinero en la economía es inyectarlo en el sector privado, aquí no hay magia”, añadió Sánchez en ese encuentro. “Mantener ese equilibrio es en donde están las conversaciones que estamos teniendo con la Comisión Europea”.