Esta nueva normativa, cuya entrada en vigor se prevé a lo largo del próximo curso, 2021/22, se aplicará en los centros educativos sostenidos con fondos públicos. En la actualidad, el 54,5% de los alumnos de la región está escolarizado en centros públicos, mientras que 29,6% lo hace en concertados y el 15,9% en privados.

El Gobierno regional señaló que los objetivos de esta ley educativa son garantizar la igualdad de oportunidades, avalar el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, confirmar la pluralidad de la oferta educativa y fomentar la excelencia académica, asegurando la transparencia informativa en todos los procesos.

También señaló que regulará la normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo para los estudiantes con necesidades educativas especiales. El número alumnos escolarizados en la modalidad de Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos es de 5.839, de los que 2.974 pertenecen a centros públicos y 2.865 a concertados.

Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo “más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno”. De esta manera, según Ossorio, se garantiza en la región la continuidad de los centros de Educación Especial en la Comunidad de Madrid, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal.

La administración educativa dotará de los recursos humanos y materiales necesarios, y se impulsará la formación del profesorado junto con la investigación e innovación en la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Además, se promoverá la implicación de las familias del alumnado, recogiendo estas actuaciones en los documentos de organización para hacer efectiva la comunicación y participación de la familia en la vida de los centros educativos.

La nueva ley promoverá la realización de pruebas externas que fomenten la calidad. Además, garantizará el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España e impulsará actuaciones de coordinación con otras comunidades e instituciones públicas y privadas con esta finalidad.

Esta normativa asegurará también la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia y apostando por la zona única

Según el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la normativa va a garantizar las plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social.

“Este concepto ha quedado excluido en la nueva ley educativa nacional, que pone en peligro la libertad de las familias madrileñas a elegir este tipo de educación”, señaló Ossorio. “Con la aprobación de esta norma”, añadió, “la Comunidad de Madrid se dota de la seguridad y la estabilidad necesaria para poder continuar con un modelo de enseñanza basada en la libertad, la calidad y la equidad del sistema educativo”.