La iniciativa, incluida entre las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, suaviza la tributación inicial de las empresas emergentes o ‘startups’ desde el 25% al 15% en el Impuesto de Sociedades hasta en un máximo de cuatro años.

Se elevará además la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación y, con el objetivo final de favorecer la instalación en España de los llamados ‘nómadas digitales’, o profesionales que trabajan de forma remota gracias a las tecnologías, se crea un nuevo tipo de visado para los teletrabajadores.

El anteproyecto se aprobará para someterlo a audiencia pública y que los interesados hagan sus aportaciones con intención de que salga adelante “con el mayor consenso posible”, explicaron las mismas fuentes.

La iniciativa forma parte de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la que el Gobierno persigue modernizar la economía, hacerla más sostenible, inclusiva y resiliente. Sus cuatro ejes transversales pivotan sobre la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

Y dentro de la modernización de la economía y de la digitalización, una de las grandes apuestas es precisamente fomentar el emprendimiento para que contribuya también a mejorar la productividad y la innovación.

La ley de ‘startups’ vendría a establecer una regulación para un ecosistema actualmente sujeto a normativas dispersas, y que ha sido largamente demandado por el propio sector. Su reclamación pivota sobre un reconocimiento expreso de la especificidad de las empresas emergentes con alto potencial de crecimiento y generación de empleo e innovación, y con condiciones para favorecer su creación, desarrollo, crecimiento e internacionalización.

La industria reclamaba precisamente también incentivos para atraer la inversión y que comprometa mayores volúmenes de fondos que les permitan escalar los proyectos sin tener que salir al exterior a buscar los recursos.

Para “cubrir todo el ciclo de vida de las empresas”, y con el objetivo de aumentar el tamaño de las compañías y, por tanto, hacerlas más productivas, más competitivas, el Gobierno prevé sacar además a audiencia pública la ley de creación y crecimiento empresarial antes del mes de agosto.