La Fiscalía pide tres años de prisión para ellos por un delito de encubrimiento. López, que estaba destinado a la unidad de seguridad de la comisaría del Prat de Llobregat, y Goicoechea, pertenecían al área de escuchas en Sabadell. Ambos disfrutaban de una semana de vacaciones y se desplazaron a Waterloo (Bélgica).

Una vez allí, se les ordenó que condujeran hasta Estocolmo para recoger al expresident catalán que había dado en Helsinki una conferencia y que hicieran el viaje hasta Bruselas con él y con el historiador Josep Lluís Alay y el actual senador Josep Maria Matamala.

El magistrado instructor de la causa contra los líderes del Procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, había dictado una euroorden contra los líderes independistas huidos.

Puigdemont, que se había desplazado a Finlandia, no quería que el procedimiento de extradición le sorprendiera fuera de Bélgica, donde tenía fijada su residencia. Renunció a regresar por vía aérea y decidió regresar por carretera, pero la policía alemana interceptó el vehículo a pocos kilómetros de la frontera entre Alemania y Dinamarca.

Según el Ministerio Público, los mossos “ayudaban a Puigdemont, conscientes de que estaba siendo investigado en España por su participación en los hechos constitutivos del delito de rebelión y otros, y de que el juez instructor español encargado de la investigación había emitido una orden europea de detención con objeto de obtener su puesta a disposición para el enjuiciamiento”.

A su entender, “la intención de los acusados era ayudar a Puigdemont a volver a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la euroorden".

De los acompañantes de Puigdemont sólo los dos agentes se sentarán en el banquillo, porque la Audiencia Nacional archivó la causa contra Matamala y Alay porque no tenían la condición de funcionarios.

En el auto de archivo, el magistrado Manuel García Castellón señalaba en el caso de los dos exonerados que “no consta que facilitaran el vehículo, que lo condujeran en algún momento ni que hubieran proporcionado cualquier otra ayuda con la intención de que Puigdemont eludiera la acción de la justicia".

Los hechos se remontan al 25 de marzo de 2018. En ese momento, Puigdemont llevaba cinco meses huido de la justicia española y tenía su residencia fijada en Waterloo (Bélgica). Decidió trasladarse a Helsinki (Finlandia) para impartir una conferencia y a su vuelta fue detenido en la ciudad alemana de Jegel.