La autoridad de resolución precisó, sin embargo, que dicho ajuste “no es reflejo de la positiva evolución, desde el anuncio de la operación” ya que la participación de BFA en Bankia en un primer momento y en CaixaBank después “se ha revalorizado en 1.421 millones de euros, más de un 73%, hasta la fecha de formulación de cuentas”.

Además, explicó que dicho resultado contable “carece de impacto alguno en el déficit o la deuda pública”, y que, aunque concluyó el ejercicio con un patrimonio neto negativo de 1.390 millones por la misma operación, tampoco supone “inconvenientes legales” para que "opere con este patrimonio”.

Entre los principales impactos y movimientos registrados en los estados financieros destacó, precisamente, que redujo en 5.974 millones el patrimonio neto consolidado del Grupo BFA atribuido a la sociedad dominante, es decir, excluida la participación de los minoritarios.

Su revisión responde al ejercicio de estimar el valor contable de BFA, participada al 100% por el Estado a través del Frob y que al cierre del año pasado tenía en propiedad un 61,83% de las acciones de Bankia, y ahora controla el 16,12% del capital social de CaixaBank, tras ejecutarse la fusión.

El organismo, que también controla un 45,90% de la Sareb, no ha tenido que realizar ajuste alguno o provisión por su inversión en el ‘banco malo’ ya que completó el saneamiento total durante el ejercicio 2019.

En sus cuentas también ha recogido un impacto de 12 millones derivado de la actualización de la estimación del coste de las garantías otorgadas por el Frob en los procesos de venta de entidades.

El organismo se financia esencialmente mediante el préstamo recibido del Estado que, a 31 de diciembre de 2020, tenía un saldo de 7.456 millones. Este recurso provoca que su margen financiero sea recurrentemente negativo, ya que los activos no generan ingresos financieros para compensar dicho gasto, y es lo que hizo que dicho resultado financiero arrojase fuese negativo en 85 millones.

En cuanto a su tesorería, a final de año ascendía a 754 millones y la tenía invertida en activos de deuda pública del Estado y en la cuenta corriente del Banco de España. Sus gastos de explotación corren a cuenta del sector financiero a través del cobro de una tasa, que el pasado ejercicio le reportó 21 millones de ingresos.

Por su parte, el Fondo de Resolución Nacional (FRN) ha registrado un resultado positivo de 970 miles de euros procedente de la recaudación de las contribuciones realizadas por las entidades sujetas. Son, en concreto, las empresas de servicios de inversión no incluidas en el ámbito de la supervisión en base consolidada de su entidad matriz realizada por el Banco Central Europeo (BCE) y las sucursales en España de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión establecidas fuera de la Unión Europea.

El patrimonio neto del fondo ascendió a 5,8 millones, constituido por las contribuciones realizadas por estas entidades entre 2015 y 2020 (ambos incluidos).