Así lo destacaron los participantes del webinario ‘La Carta Social Europea revisada, más y mejores derechos sociales’, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Durante la inauguración, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez, calificó a la Carta Social Europea revisada como el tratado social “más importante para el reconocimiento de los derechos sociales” y su ratificación, declaró, supone “un compromiso profundo en la erradicación de la pobreza y el reconocimiento de un estatus social a la altura de Europa”.

Por su parte, la vicepresidenta de Asuntos Europeos, Relación con el Tercer Sector y Movimientos Sociales de EAPN-ES, Sali Guntín, se refirió a ella como “la Constitución de lo social en Europa” porque, según indicó, “supera a todos los instrumentos existentes en la Unión Europea en materia de derechos sociales y tiene esa capacidad protectora que quieren tener las Constituciones”.

Para ella, esta ratificación “llega en el momento oportuno”, sobre todo, por la situación que estamos viviendo, “con un aumento de la situación de pobreza y de exclusión social, de la desigualdad de género, de la pobreza infantil y de la precariedad en el empleo, entre otros”.

Durante su intervención, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín, aseguró que “la única fórmula para asegurar el bienestar y la inclusión son los derechos”. En este sentido, para él, esta Carta permite desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales y es, además, un “nuevo garante para las personas con discapacidad”.

El webinario ofreció también un análisis sobre la ampliación de los derechos sociales y laborales y el potencial que suponen, así como el procedimiento de las reclamaciones colectivas que conlleva.

Por último, durante la clausura, el presidente de EAPN-Es, Carlos Susías, destacó el papel “incentivador” de las entidades del Tercer Sector en la voluntad política para adaptar la legislación a la nueva realidad social; el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, habló de un “revulsivo” para ayudar a mejorar las políticas nacionales y plantear una reforma constitucional para que los derechos sociales tengan el carácter de “fundamental”, y el senador Antonio Ferrer se refirió a este logro como un “campo de interés” para el Tercer Sector, “que va a incidir en los cambios legislativos y en ensanchar nuestro estado del bienestar”.