Esta decisión provocó la condena de buena parte de la comunidad internacional y las protestas por todo el territorio del país otomano, donde, según Amnistía Internacional, la violencia de género es “generalizada”, como lo demuestran las 300 mujeres asesinadas el último año.

En ese sentido, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnés Callamard, subrayó que la retirada de Turquía del Convenio de Estambul “transmite a quienes cometen abusos, mutilan y matan un mensaje temerario y peligro: que pueden seguir haciéndolo con impunidad”.

Añadió que este país “ha atrasado el reloj 10 años en lo relativo a los derechos de las mujeres y ha sentado un precedente aterrador” ante el cual “las y los activistas de los derechos de las mujeres en todo el mundo debemos unirnos para resistir a nuevos ataques contra nuestros derechos”.

En mayo de 2011, el Consejo de Europa abrió a la firma en Estambul este tratado, que proporciona un marco jurídico para proteger a las mujeres de la violencia y promover la igualdad de género mediante legislación, educación y sensibilización a partir de cuatro principios fundamentales: prevención, protección, enjuiciamiento penal y coordinación de políticas.

Desde su entrada en vigor, el Convenio ha proporcionado mejoras en la manera en que los países tratan a quienes sufren violencia de género, entre las que se cuentan el establecimiento de líneas de atención telefónica en servicio las 24 horas para supervivientes de esta lacra en Finlandia o la introducción de definiciones de la violación basadas en el consentimiento en Islandia, Suecia, Grecia, Croacia, Malta, Dinamarca y Eslovenia desde 2018.

El Convenio de Estambul es un instrumento de derechos humanos ampliamente aceptado para abordar los altísimos niveles de violencia contra las mujeres en Europa. En junio, Liechtenstein se convirtió en el país número 34 de los 47 del Consejo de Europa en ratificarlo.

A pesar de ello, este tratado se enfrenta a una “alarmante ofensiva” en muchas partes de Europa, siendo utilizado por varios gobiernos como una herramienta para “difundir desinformación y demonizar” la igualdad de género y los derechos de las mujeres y de las personas Lgtbi.

Por ello, Amnistía Internacional consideró “sumamente preocupante en el contexto de la actual erosión de los derechos” en Turquía su retirada del Convenio de Estambul, que representa “la punta de peligroso iceberg contra los derechos humanos”.