En una entrevista en Radio Nacional recogida por Servimedia, Calvo afirmó que las consultas de independencia son algo que “no se va a producir nunca” y que el PSOE “nunca estará para una operación de esa naturaleza”.

Sobre el hecho de que Rufián asegurara este miércoles en el Congreso que con el “tiempo” esperan que Sánchez dé su brazo a torcer con el referéndum de autodeterminación como ha hecho con los indultos, la vicepresidenta señaló que el portavoz de ERC sabe “perfectamente” que eso no va a suceder.

Apuntó que el presidente recordó ayer a Rufián que en 2017 el PSOE apoyó la aplicación del artículo 155 “cuando se quebró la legalidad” en Cataluña. “Que Rufián”, remarcó al respecto, “se quede absolutamente tranquilo o inquieto, no lo sé, pero que (sepa que) el presidente Sánchez no va a estar nunca en ninguna ruptura de la legalidad de este país ni en el acompañamiento de un referéndum de autodeterminación”.

CRÍTICAS A CASADO

Preguntada sobre si lo que podría llevarse a cabo en Cataluña es un votación consultiva de acuerdo con lo que recoge el artículo 92 de a Constitución, la vicepresidenta respondió que “no estamos en eso” y que la 'mesa del diálogo' con el Govern lo que busca es dar término a una “década tremenda” en la comunidad catalana.

Señaló que, tras los años del 'procés', el independentismo debe hacer un “balance crítico”, al tiempo que sostuvo que el PP “no hizo su trabajo” en esa etapa, en referencia a la actuación al respecto del Gobierno de Mariano Rajoy.

Al mismo tiempo, censuró la intervención este miércoles en el Congreso de líder de los populares, Pablo Casado, al que acusó de haber mantenido unas formas “inaceptables” respecto a Sánchez, lo que dijo que implica que el principal partido de la oposición “”está volando muchos puentes”.

Respecto a las reclamaciones económicas del Tribunal de Cuentas a implicados en el 'procés', la vicepresidenta justificó que la Abogacía del Estado se retire de este proceso, porque el expediente no afecta a fondos de la Administración central, sino de la Generalitat de Cataluña. Defendió que la representación legal del Estado no puede estar en este proceso y acusó de “filibusterismo” a los que ven intencionalidad política en este asunto.