Se trata del primer gran pacto sobre pensiones en el marco del diálogo social desde el año 2011. Con esta iniciativa, el Gobierno defiende que da cumplimiento a las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo el pasado otoño, también recogidas en parte dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La firma tendrá lugar a las 11.30 en los jardines de Moncloa con los responsables de la CEOE, Cepyme, CCOO y UGT, y la asistencia de buena parte del Consejo de Ministros. Al acto asistirán la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

El documento recibió el visto bueno el pasado lunes a falta de la aprobación del Comité Ejecutivo de CEOE, obtenida un día después. Tras la correspondiente aprobación en el Consejo de Ministros, se iniciará la tramitación parlamentaria en septiembre, con el objetivo de que entre en vigor a principios de 2022.

GARANTIZAR EL PODER ADQUISITIVO

Entre los principales puntos, contempla la revalorización de las pensiones a 1 de enero conforme al IPC medio anual de noviembre del año anterior cuando éste suba, y que no haya ajuste si la inflación es negativa, de manera que la pensión no se actualice en esos casos. Con este sistema, ya no habrá paga compensatoria o “paguilla” por la diferencia entre la subida que se aplicaba y la subida efectiva del IPC. Este mecanismo se evaluará cada cinco años en el diálogo social.

También se acuerda la sustitución del Factor de Sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional que se negociará con los agentes sociales hasta mediados de noviembre de este año para su entrada en vigor en 2027, pero se mantendrá el viejo sistema hasta acordar uno nuevo.

Entre otros aspectos, el acuerdo también recoge un nuevo esquema de coeficientes reductores para las jubilaciones anticipadas voluntarias, mayores que los actuales, que se aplicarán directamente sobre la pensión y de forma mensual en lugar de sobre la base reguladora y de forma trimestral como rige el sistema actual. Para las pensiones máximas, la aplicación de los coeficientes reductores tendrá un periodo transitorio hasta 2033, mientras que para el resto se hará en cuanto entre en vigor el paquete.

Para incentivar la jubilación retrasada se ofrecerá la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Además, por cada año de demora, el beneficiario podrá optar por recibir un aumento del 4% en la pensión, una cantidad a tanto alzado premiando las carreras más largas o una combinación de ambas.

Respecto a la jubilación activa, se exigirá como condición para acceder a esta modalidad el transcurso de al menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación y se revisará en el diálogo social esta modalidad en el plazo máximo de 12 meses.

Del mismo modo, se prohíbe la jubilación forzosa en los convenios colectivos hasta los 68 años, a excepción de una serie de sectores en los que la ocupación de las mujeres sea inferior al 20%. Las empresas pertenecientes a esos sectores podrán aplicar la jubilación forzosa antes de los 68 años si sustituyen a esos trabajadores por mujeres.

En cuanto a los gastos que asume la Seguridad Social y que se consideran impropios, se acuerda que en 2022 y 2023 el Estado se haga cargo de lo que queda, unos 7.600 millones de euros, dado que ya ha asumido 14.000 millones de euros.

La intención de parte del paquete de medidas es acerca la edad efectiva de jubilación a la legal. El Gobierno confía en lograr un incremento de dos años hacia el ejercicio 2050 con su aplicación.