El proyecto de ley ha tenido una larga tramitación, ya que salió del Consejo de Ministros en octubre de 2020 y no fue votado por la Comisión de Hacienda, con competencia legislativa plena, hasta finales de mayo, pasando al Senado, donde la semana pasada fue aprobado con la introducción de nuevas enmiendas, haciendo que el texto tuviera que volver al Congreso para que el Pleno decidiera si aprobaba o derogaba dichas modificaciones.

Entre las medidas incluidas en el proyecto se incluye la limitación de los pagos en efectivo para determinadas actividades, reduciéndolo de los actuales 1.500 euros a 1.000 euros en operaciones entre profesionales o empresarios, mientras que para particulares el límite es de 2.500 euros. Además, se reduce de 15.000 a 10.000 euros el límite para particulares con domicilio fiscal fuera de España.

La nueva ley también prohíbe las amnistías fiscales y amplía el listado de morosos publicado cada año por la Agencia Tributaria, que rebaja de un millón a 600.000 euros el umbral de deuda para aparecer en la lista e incluirá también a los responsables solidarios de la deuda.

Otra medida es la prohibición de los conocidos como softwares de doble uso, programas informáticos utilizados por las grandes compañías para manipular la contabilidad. En concreto, el proyecto obliga a que los sistemas informáticos de los procesos contables se ajusten a criterios que garanticen accesibilidad a los registros y trazabilidad, además de habilitar la posibilidad de someter los sistemas a certificación y establecer un régimen de sanción para quienes fabrican los sistemas o quienes lo tienen sin la debida certificación.

Asimismo, también se incluyen medidas para un mayor control sobre la tenencia y operatividad con criptomonedas, estableciendo la obligación de informar sobre saldos y titulares de estas monedas, así como sobre las operaciones, ya sean adquisiciones, transmisiones, cobros o pagos.

ENMIENDAS

Asimismo, durante su tramitación en el Congreso fueron incorporadas al proyecto varias enmiendas relativas a diversas cuestiones fiscales, no necesariamente vinculadas a la lucha contra el fraude, entre las que destacan el permiso para que la Agencia Tributaria realice inspecciones sorpresa en domicilios o la obligación por parte de las Socimis de tributar el 15% de sus beneficios no distribuidos, así como el endurecimiento de los requisitos de inversión de las Sicav.

Por último, con la validación este miércoles en el Congreso de las modificaciones introducidas por el Senado, quedan aprobadas e incorporadas al texto de forma definitiva varias enmiendas, entre las que destaca la que reduce la tributación del impuesto de matriculación, al relajar de nuevo los criterios de emisiones que habían comenzado a aplicarse al entrar en 2021.

Otra enmienda introducida en el Senado establece el mantenimiento de las ventajas fiscales para la venta de bienes obtenidos mediante pactos sucesorios o herencias en vida, siempre que se transmitan más de cinco años después de haberlos recibido en propiedad.

Durante la tramitación en la Cámara Alta también fue aprobada, con el rechazo del PSOE, una enmienda para rebajar el IVA aplicable a las peluquerías del actual tipo general del 21% al reducido del 10%, pero finalmente la medida fue anulada por la presidenta del Senado, Pilar Llop, tras estimar las solicitudes de controversia formuladas por el Gobierno y el PSOE ante la enmienda.

La decisión se amparó en que el acuerdo sobre esta enmienda fue tomado en contra del criterio de los servicios de Cámara y con el voto en contra de los tres representantes del Grupo Socialista, al considerar que la enmienda transaccionada por los distintos grupos políticos no guardaba la debida congruencia con la enmienda en la que se basaba.