El presupuesto del Plan Concertado, que se destina fundamentalmente a los servicios sociales de los ayuntamientos, más que duplica los 40 millones de 2020.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, indicó en un comunicado que el Gobierno -entonces dirigido por Mariano Rajoy- recortó “drásticamente” en 2012 esta financiación y “debilitó gravemente estos servicios”.

“Hoy no sólo revertimos todos estos recortes en un solo año, sino que, además, aumentamos esta aportación hasta los 98 millones de euros, su mayor nivel histórico. Una financiación que servirá para reforzar nuestros servicios sociales, aquellos que están más cerca y atienden a la ciudadanía en su día a día”, indicó

El Plan Concertado permite cofinanciar (con las comunidades autónomas y las entidades locales) la red de servicios sociales de atención primaria gestionada por las corporaciones locales.

Su objetivo es proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan la cobertura de sus necesidades básicas. Las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y Ceuta y Melilla deben presentar los proyectos que se cofinanciarán con estos fondos, que deben contribuir al desarrollo de las siguientes prestaciones básicas: información y orientación, ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia, alojamiento alternativo y prevención e inserción social.

Estos fondos se reparten de acuerdo con unos criterios previamente acordados: el 90% según la población; un 5% por superficie; un 2,3% por población dependiente; un 1,5% por dispersión; un 0,7% por grandes urbes, y un 0,5% por insularidad.

Otra novedad de este año es que se ha propuesto a las comunidades que el acuerdo de transferencia incluya una cláusula que obligue a que al menos un 20% del incremento de financiación que les corresponda se destine a refuerzos del personal de los servicios sociales.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también autorizó el Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil, dotado con 45 millones. En este apartado se incluyen proyectos de intervención social y prestaciones económicas y/o en especie que contribuyan a mejorar la situación social y laboral de las familias con menores a cargo que presentan situaciones de privación material severa o riesgo de pobreza.

Asimismo, el Programa VECA (15 millones) servirá para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones escolares, y la conciliación de la vida familiar y laboral.