Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados para rendir cuentas de la actividad del organismo durante el 2020, defendió que “el nivel profesional y ético, en general, de los consejeros y ejecutivos de las sociedades cotizadas españolas es muy alto y comparable con cualquier economía del primer mundo de nuestro entorno”.

Asimismo, puntualizó que las investigaciones judiciales abiertas son “casos puntuales”, aunque “no aislados porque tienen, al menos, una persona que los conecta”, en alusión sin mencionarlo a que las compañías o directivos y exdirectivos investigados contrataron los servicios de compañías vinculadas al excomisario Villarejo.

Sin embargo, a continuación volvió a alertar sobre el riesgo de que esos procesos afecten a la imagen de las compañías. “Obviamente, si esos casos se multiplican en número y perduran en el tiempo ese riesgo puede cristalizarse, puede materializarse”, agregó, recordando que, precisamente, para encarar la gestión de estas situaciones la CNMV ya tomó medidas en el año 2019.

El organismo emitió entonces un comunicado donde pidió a las cotizadas “máxima diligencia en incorporar las mejores prácticas de gobierno corporativo” y reformuló la recomendación número 22 del código de buen gobierno corporativo para “endurecer” y “ser más precisos en la gestión de ese tipo de casos”.

Al tiempo realizó también “otro llamamiento a la transparencia” para que las sociedades reporten puntualmente a los inversores "lo que esté sucediendo en cada momento y sobre las decisiones que toman las compañías”.

“Las decisiones, al final, son de las compañías, de sus dueños y accionistas. No podemos nosotros inmiscuirnos en ese ámbito”, expuso, explicando que a la CNMV le corresponde emitir recomendaciones en materia de buen gobierno corporativo y vigilar que lo que se dice que se cumple sea así, además de vigilar la información que se traslada a los accionistas se realice “en tiempo y forma”.