Así se trasladó desde Génova después de que el presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario general, Teodoro García Egea, reuniesen hoy al comité jurídico del partido para estudiar las diferentes vías que llevará a cabo la formación para recurrir los indultos del Gobierno a los condenados por sedición y malversación por el Supremo.

El PP remarcó al finalizar esta reunión que “va a defender la igualdad de los españoles” y se reafirmó en que “los indultos son un pago político a los independentistas para que Pedro Sánchez pueda permanecer dos años más en La Moncloa”.

Al encuentro asistió Enrique López, secretario de Justicia e Interior del PP y consejero de Presidencia, Justica e Interior de la Comunidad de Madrid; además de Fernando de Rosa, portavoz en la Comisión de Justicia en el Senado; o Luis Santamaría, portavoz de Justicia en del PP en el Congreso.

También participaron Javier Zarzalejos, vicepresidente en la Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea; Isabel Borrego, secretaria general del Grupo Popular en el Congreso; y la europarlamentaria Isabel Benjumea, que es vicepresidenta en la Comisión de Desarrollo Regional de la UE.

Ayer, García Egea explicó que su partido “se siente legitimado como parte afectada” para recurrir los indultos a los líderes independentistas catalanes condenados por el ‘procés’, ya que la formación “sí era parte del proceso a través del Gobierno de Mariano Rajoy y a través de las medidas que se tomaron” entonces, como la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Incidió así en que “el PP se siente legitimado como parte afectada, como partido político” que “defiende” a los constitucionalistas. Además de esto, explicó que “directamente” Casado “a nivel personal” va a interponer un recurso por verse señalado por los CDR (Comités de Defensa de la República), a los que definió como “el brazo armado y violento de los señores que intentan romper el orden constitucional”.

En esta línea, el propio Casado sostuvo ayer desde Bruselas que “nosotros somos afectados”, y también consideró que él es perjudicado personalmente por aparecer “en los listados” de los CDR.