Según informaron fuentes del Senado a Servimedia, Llop ha firmado una resolución que así lo recoge, con lo que actúa al amparo del artículo 151.5 del Reglamento de la Cámara, que otorga a la presidenta la facultad de resolver controversias, como es el caso de lo ocurrido, y revocar lo acordado por mayoría en la Mesa celebrada ayer durante la sesión plenaria.

La enmienda fue aprobada el pasado miércoles por los 143 votos a favor que sumaron PP, ERC, PNV, Junts per Catalunya, Ciudadanos, Bildu, Teruel Existe, UPN, Coalición Canaria, PRC, Geroa Bai, Más Madrid, Adelante Andalucía, Més per Mallorca, Compromís, Partido Aragonés y el voto de un senador independiente, frente a los 119 del PSOE, Vox y la Agrupación Socialista Gomera.

Sin embargo, el acuerdo sobre esta enmienda para rebajar el IVA de las peluquerías "fue tomado en contra del criterio de los servicios de Cámara y con el voto en contra de los tres representantes del Grupo Socialista”, indicaron las fuentes consultadas, que también señalaron que Llop ha resuelto “declarar la nulidad del punto de la votación en el Pleno referido a dicha propuesta de modificación”.

De esta manera, la presidenta de la Cámara Alta ha ordenado la no inclusión de dicha enmienda en el mensaje motivado que el Senado debe remitir al Congreso de los Diputados.

MONTERO ANUNCIÓ EL VETO

En cualquier caso, esta decisión se produce después de que la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegurase este jueves que el Ejecutivo ejercería su capacidad de veto a la bajada del IVA de las peluquerías.

Al ser preguntada sobre esta cuestión durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero justificó dicho veto argumentando que “produce un desgobierno absoluto de nuestro país” que este tipo de medidas, que afectan a la política presupuestaria, se aprueben “vía leyes que no tienen nada que ver con las enmiendas que afectan a la política de ingresos y que, por tanto, va a la raíz de lo que es competencia exclusiva del Gobierno, que es la capacidad de promover el Presupuesto para nuestro país”.

La enmienda transaccionada por los distintos grupos parlamentarios, tal y como explicó la presidenta de la Cámara Alta en la sesión plenaria, “no guarda la debida congruencia con la enmienda número 27, requisito exigido por el Reglamento cuando aquélla no es suscrita por la totalidad de los grupos parlamentarios”.

En concreto, la enmienda 27 se refería al régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido que se regula en el Título X de la Ley reguladora del impuesto, en tanto que la modificación incluida en la propuesta tiene “un objeto diferente” ya que se refiere a los tipos impositivos reducidos.

El artículo 134.6 de la Constitución establece que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

“Se trata de un proyecto en tramitación, por lo tanto, la presidenta ejerce su derecho y obligación parlamentaria”, remarcan las fuentes consultadas.