Así lo defendió en el transcurso de su comparecencia en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados a instancias de Vox, y en la que subrayó que se trata de un “centro puntero” que, como fundación del sector público estatal, “está sujeto a todo un programa de auditorías” por parte del Ministerio de Hacienda.

“Esto no es algo que dependa de la dirección del Instituto de Salud Carlos III, ni siquiera de su patronato. Es algo que está dispuesto en el artículo 168 de la Ley General Presupuestaria”, advirtió, al tiempo que recordó que tanto con respecto al ejercicio 2019, como a los anteriores, ya se determinó la “inexistencia de ilegalidades”.

Junto a ello, quiso “aclarar” que dentro del plan anual de auditorías del ejercicio 2020 “se confirmó que se habían cumplido todas las recomendaciones”. “Todos estos informes, desde luego, están a disposición y es en lo que se basa el control de una entidad que tiene que estar sujeta a un riguroso control”, abundó.

Preguntada por las garantías de protección que tienen los denunciantes de una posible irregularidad, señaló que dichas garantías “ya existen”. “Ya existen unos protocolos muy rigurosos en el CNIO, como en el resto de organismos públicos, que son protocolos que deben ponerse en marcha ante la existencia de una denuncia”, agregó.

Por esta razón justificó que ni desde la Comisión Delegada que preside ni desde el Patronato “corresponde realizar ningún tipo de protocolización”. “Corresponde al director gerente, en virtud de que ostenta la máxima responsabilidad en dirección de personal, activar dichos protocolos”, sentenció.