Así se recoge en el ‘Análisis de las exportaciones españolas de material de defensa y otro material de 2020’ presentado hoy con motivo de la comparecencia mañana en el Congreso de los Diputados de la secretaria de Estado de Comercio para informar sobre este negocio.

Promovido por las cuatro ONG de la campaña ‘Armas bajo control’, el trabajo exige la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales y dejar de utilizar los puestos de trabajo como excusa para no hacer nada en el sector.

En su opinión, “esta legislatura debe poner fin a un secretismo que se remonta a 1968 y adoptar una nueva ley que garantice que toda restricción del derecho de acceso a la información cumpla los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con las normas internacionales y estableciendo un procedimiento para clasificar y desclasificar información”.

Según el informe, el Gobierno “se mantuvo en sus trece en 2020 y no suspendió las exportaciones de armas a países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos”, pese a ser susceptibles de utilizarse en Yemen. Tampoco cesaron las transferencias a Israel, Colombia y “otros países con preocupantes historiales de violación de derechos humanos”.

DATOS PREOCUPANTES

En 2020, el Gobierno autorizó 26 licencias de material de defensa por valor de 215,3 millones de euros a Arabia Saudí y se realizaron exportaciones desde España por valor de 48,2 millones de euros.

Según el Sipri (Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo), entre 2015 y 2020, España fue el quinto exportador mundial a los saudíes, detrás de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá.

Por otro lado, se concedieron un total de 34 autorizaciones de material de defensa a Emiratos Árabes Unidos por un importe de 60,2 millones de euros, mientras que las exportaciones ascendieron a 27,6 millones de euros.

Arabia y Emiratos Árabes encabezan la coalición saudí que comete ataques indiscriminados contra población civil en Yemen y somete al país a un bloqueo naval, denuncian. Por ello, el informe recomienda la suspensión inmediata de las transferencias de todas las armas, el material y la asistencia militar a todas las partes del conflicto para su uso en Yemen.

Destaca que también se otorgaron a Israel 69 autorizaciones de exportaciones de material de defensa por valor de cerca de 18 millones de euros y que se ejecutaron exportaciones por valor de 477.288 euros, pese al riesgo sustancial de uso para crímenes recogidos en el Derecho Internacional contra la población palestina. Otros destinos preocupantes en derechos humanos de las armas españolas que denuncia el informe son Colombia, Egipto, Irak y Turquía.

Como aspectos positivos en 2020, destacan las denegaciones de exportaciones de material de defensa a Myanmar y de material antidisturbios a Tailandia.

Las ONG de la campaña también trasladaron al Gobierno y a los grupos parlamentarios su preocupación por la exportación de material antidisturbios a Argelia, Francia, Perú, Togo y Túnez, donde se han producido diferentes situaciones de abuso de la fuerza policial, y alertan de que debería analizarse detenidamente la situación de cada país antes de autorizar la exportación de este tipo de material.

FALSO DILEMA

Finalmente, el informe critica “el falso dilema empleo versus derechos humanos, ya que con demasiada frecuencia, Gobierno y partidos políticos presentan ambas cuestiones como si fueran opuestas". “El Derecho Internacional humanitario es muy claro”, apuntaron las ONG, y “prima sobre cualquier otra consideración la obligación de respetar y hacer respetar”, en el marco de conflictos armados, el Derecho Internacional humanitario, de conformidad con el artículo 1 de los Convenios de Ginebra.

Por eso, pidieron al Gobierno que colabore con expertos de la Administración y los sindicatos para que el sector se beneficie de los planes de recuperación del Gobierno y los canalice hacia la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial en aquellos casos en que la suspensión de las transferencias de armas españolas pueda tener un efecto económico significativo y con el fin de mitigar su impacto sobre el empleo de las personas que trabajan en la industria de armas.