En un comunicado, el Cermi dice que las políticas autonómicas de discapacidad tienen un déficit de participación de los movimientos sociales, por lo que "no está siendo efectivo en esta dimensión territorial el principio de diálogo civil que obliga a que los gobiernos cuenten activamente con la ciudadanía organizada en el diseño, ejecución y seguimiento de sus políticas".

"Son todavía muy pocas las comunidades que tienen, por ejemplo, comisiones de discapacidad en sus parlamentos autonómicos, o consejos territoriales de la discapacidad", indica el Cermi, que pide a todas las autonomías que se doten de estos mecanismos de participación, propuesta y consulta.

A su juicio, las políticas que se hagan a espaldas de los ciudadanos más directamente concernidos a través de sus organizaciones "están condenadas al fracaso". "Abrirse a la sociedad civil y dar participación a los movimientos sociales mejora las políticas", concluye.