Así lo manifestó el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la Asamblea Anual Ordinaria de Representantes del Cermi Estatal, que se celebró este lunes de manera telemática, en la que se abordaron las principales cuestiones de la agenda política de las personas con discapacidad y sus familias.

El responsable de la plataforma de la discapacidad en España defendió que “es imprescindible que esta medida cuente con un gran consenso” como el que hemos conseguido con las últimas grandes reformas normativas. Sin embargo, aseguró que “no será un camino fácil debido al ambiente de fractura política”, aunque “desde Cermi seguiremos pidiendo ese acompañamiento global para conseguir el objetivo para que salga con un amplísimo apoyo”.

AGENDA POLÍTICA DE LA DISCAPACIDAD 2021

El presidente del Cermi hizo alusión a la agenda política de la discapacidad para el año 2021. Concretamente, comenzó su exposición refiriéndose al hito conseguido a finales de 2020 sobre la derogación de las esterilizaciones forzadas por razón de discapacidad. También hizo alusión a la gratuidad de los medicamentos para menores con discapacidad y aseguró que “es algo que venía planteando y reclamando el Cermi”.

La gran reforma de la legislación civil en materia de discapacidad, aseguró Pérez Bueno, “nos sitúa en una posición muy avanzada como país, en la que podemos ser referentes”. Además, aplaudió la ratificación de la Carta Social Europea por parte de España, que entrará en vigor el próximo 1 de julio o la aprobación del reglamento que regula el marco de incentivos a la contratación laboral en el ámbito ordinario de las personas con discapacidad intelectual límite.

Sin embargo, lamentó que la Ley de Eutanasia no siga los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y recordó que la visión de derechos humanos “debe estar en la sociedad y en la política”.

CUESTIONES PENDIENTES

En relación a las cuestiones pendientes mencionó, aparte de la reforma constitucional, la asimilación legal de empleo de las personas con el 33% de grado de discapacidad y la incapacidad laboral de la Seguridad Social; la proposición de la Ley de Accesibilidad Cognitiva; el baremo de discapacidad, que “necesita el impulso definitivo para trasladarlo a una norma concreta”; la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal; la derogación de los internamientos forzados; el avance en la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia; la tramitación de enmiendas de la Iniciativa Legislativa Popular del Copago o la cuestión de que las situaciones de dependencia sean asimiladas al 33% de grado de discapacidad, sin necesidad de una nueva valoración.

En relación al ámbito educativo, hizo referencia a la “ocasión que presenta la Ley de Formación Profesional” y la cuestión pendiente de la trasposición de la directiva de accesibilidad a bienes y servicios de la Unión Europea. También aludió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, según Cermi “están sirviendo de orientación y tendencia para toda acción política, social y empresarial”.

GÉNERO Y DISCAPACIDAD

En relación a las acciones en materia de género y discapacidad, la coordinadora de la Fundación Cermi Mujeres, Isabel Caballero, realizó un breve balance de las principales acciones desarrolladas por la entidad durante este año. En concreto, estacó la puesta en marcha del Observatorio sobre Feminismo y Discapacidad o la celebración de los webinarios en el marco del ciclo ‘No estás sola’. Asimismo, destacó el ciclo de aulas de Derechos Humanos o los conversatorios que realiza la entidad en colaboración con la agencia de noticias Servimedia.