En esta declaración institucional, aprobada en Consejo de Ministros, el Ejecutivo alzó "nuevamente" su voz en contra de la pena capital. "Para España, la aplicación de la pena de muerte resulta incompatible con el pleno respeto de los derechos y libertades fundamentales del individuo, como la dignidad humana, el derecho a la vida, o el derecho a no ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes", destaca.

En su declaración, añade que "es por ello que España ha convertido la lucha contra la pena de muerte en uno de los ejes centrales de su acción de gobierno en materia de derechos humanos, persiguiendo un enfoque gradual".

Además, con el fin de lograr la abolición universal de la pena de muerte, indicó que trabaja para conseguir moratorias nacionales, lograr la erradicación de la pena capital en tres casos de personas consideradas más vulnerables (las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad psíquica y las que eran menores de edad en el momento de cometer el delito por el que se las condena) y en la creación y puesta en marcha de una Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.