En una entrevista en Servimedia, defendió que “el SMI tiene que tener un crecimiento este año” y “andar en el rumbo del compromiso de Gobierno con los agentes sociales de llegar al final de la legislatura al 60% del salario medio en España”.

Su demanda coincide con la difusión del informe de la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que eleva a una horquilla entre los 1.011 y 1.049 euros en 14 pagas la cuantía que se debería alcanzar en el 2023 para llegar a ese 60%, desde los 950 actuales. Supondrían un aumento de entre 61 y 99 euros al mes o del 6,42-10,42%, y propugnan subirlo ya este año en 12-19 euros.

Para el dirigente sindical, es “muy importante” que se fijen ciertos salarios mínimos suelo porque “es una de las medidas que más ataja la desigualdad de base” y con los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) se ha “conservado mucho empleo” y “muchas empresas”, pero los trabajadores ingresan también el 70% de la base declarada y muchos “han cobrado muy, muy poca renta”.

Por otro lado, argumentó que “estamos a las puertas de una recuperación de la actividad” y un crecimiento económico, “probablemente por encima de lo esperado”, donde es preciso “repartir más justamente la ganancia que se va a producir”, dado que “el salario mínimo es un tractor de eso”.

De no subirlo, apuntó el riesgo de detraer el consumo porque el simple encarecimiento al que asistimos de la inflación o del coste de la vida “se centra fundamentalmente en productos básicos” y que precisamente “afecta a las personas que menos renta tienen porque son las que más necesidades tienen, las que menos pueden ahorrar y las que su renta va al consumo”. “Y, al final, el incremento de los salarios tiene un efecto de segunda ronda sobre la demanda agregada y por lo tanto, sobre el empleo”, avisó.

Bajo este contexto y preguntado de manera por el potencial impacto añadido del encarecimiento en la factura energética, afirmó que “el Gobierno tiene que ser sensible a esa coyuntura e intervenir”. A su juicio, se dan cuestiones que, “por utilidad pública y por bien general, permiten un margen de maniobra a la política en la intervención de mercados regulados” y es “absolutamente legítimo y probablemente ahora necesario” que lo hagan. “Ocurre en España, está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos. Es decir, creo que esa es un poco la corriente de los nuevos tiempos”, resumió.