En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal consideran que en este caso concurren los principios de doble incriminación y mínimo punitivo por delitos tipificados en Colombia como homicidios en persona protegida y conspiración para delinquir y que en la legislación española serían constitutivos de delitos de asesinato. Los jueces entienden que, además, se cumple los requisitos establecidos en el convenio de extradición entre ambos países, que los delitos no han prescrito y que la reclamación no tiene motivación espuria.

La Sala recuerda que la extradición por los mismos hechos ya fue concedida por la Audiencia Nacional, si bien no pudo materializarse en el plazo establecido y las autoridades colombianas volvieron a presentar la reclamación para su entrega.

El tribunal considera que procede la entrega pese a ser por los mismos hechos concedidos con anterioridad dado “lo excepcionalísimo de las circunstancias en que se produjo la no recepción del reclamado por el Estado requirente, en una situación de pandemia y crisis sanitaria mundial que incidió especialmente en las posibilidades de realizar desplazamientos”. Además, subraya la rapidez de las autoridades de Colombia para paliar lo sucedido y formalizar una nueva demanda den extradición, así como la extrema gravedad de unos hechos que en caso de denegarse quedarían impunes.

El auto relata cómo el 6 de noviembre de 2007 el acusado llevó a tres hombres con engaños o promesas económicas hasta una zona cercana a Cali donde miembros de la Tercera Brigada del Ejército Nacional les dieron muerte en un presunto combate, haciéndolos pasar por subversivos que iban vestidos de policías armados.

A continuación, la resolución describe tres hechos en los que participaron miembros del Ejército Nacional, adscritos al batallón Jaime Rooke de Ibagué-Tolima, entre febrero y junio de 2008, en los que se acordó el pago de dinero a Luis Jhon castro Ramírez para reclutar personas a través de engaños de ofertas económicas para llevarlos a lugares donde previamente se encontraban las tropas del Ejército y “allí sin mediar combate se les daba muerte, esto con el fin de ser presentadas como bajas en combate legítimas en procedimientos soportados en documentos oficiales que daban apariencia de legalidad a las operaciones militares”. De esta manera, “Zarco” reclutó a otras catorce personas, según los hechos por los que se efectúa la reclamación. El auto de la Sección Tercera puede ser recurrido ante el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.