Así lo precisó durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado para explicar la subida del precio de la luz y el gas coincidiendo con la peor ola de frío que ha sufrido España en los últimos años a causa del temporal Filomena, a instancias del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta, y en la que lamentó que en las últimas semanas el precio de la energía está “disparado”.
Para Garzón, la fiscalidad es un “componente notable” dentro de la factura de la luz que tiene que ser “revisado” y que, admitió, “es objeto de polémica porque, evidentemente, es un instrumento que también sirve para recaudar”.
“Vamos a una situación compleja y, si se observa el mercado de los precios de la energía, tenemos todos motivos para alarmarnos”. “El mercado de futuros está avisando de que el precio de la energía va a seguir creciendo y que, por lo tanto, es probable que tengamos semanas y meses muy complicados”, advirtió.
Por ello, reiteró su convencimiento en que hay “motivos suficientes” que “justifican” una revisión de la fiscalidad a la baja, reduciendo los impuestos del recibo de la luz para que las familias “puedan seguir pagando las facturas que les permiten tener sus electrodomésticos encendidos y bienes de primera necesidad que, a veces, especialmente en verano, son incluso el aire acondicionado”.

FENÓMENO COMPLEJO
En este sentido, para “atacar” este “fenómeno complejo”, abogó, entre otras alternativas, por una posible e “hipotética” reducción del IVA del 21 al 10% y por llevar a cabo “una acción extraordinaria” por parte del Gobierno para atajar “de manera importante” la subida del precio de la luz “en la medida de lo posible” y mientras “van entrando en vigor” las reformas estructurales que el Ejecutivo está tratando de implementar “a la mayor celeridad”.
“No dejamos de estar heredando una política pública energética de décadas y nos ha tocado un contexto muy complicado de incremento de precios de la energía en los mercados internacionales, que nos obliga a actuar también con medidas extraordinarias mientras se van poniendo en marcha esas medidas estructurales”, abundó, convencido de que gracias a ellas se facilitará a las familias que “puedan hacer frente a estas facturas de la luz”.
Tras reconocer la “preocupación muy importante” que tiene el Gobierno de coalición por el incremento del precio de los suministros básicos de las familias trabajadoras en España y, “sobre todo”, de la luz, debido a la “tendencia” de las últimas semanas, defendió las reformas estructurales que el actual Ejecutivo ha tratado de llevar a cabo “desde el principio” y entre las que se refirió a la promoción de las energías renovables, que se ajustan a la demanda con un precio más barato, si bien lamentó la dependencia energética “estructural” que tiene España y que le obliga a recurrir a otras más caras en el mercado internacional.
“Muchas veces esa dependencia energética es la que nos hace vulnerables ante las coyunturas”, espetó, convencido de que eso es lo que sucedió en el mes de enero, cuando la situación del gas natural en el mercado asiático “nos acabó afectando en la factura de todas las familias trabajadoras en España” y de que “corregir” esta situación forma parte de una “estrategia estructural” de promoción de las energías renovables.
ESTRUCTURA DE MERCADO
Junto a ello, recordó que España tiene “otro problema” relacionado con la estructura del mercado, ya que no se trata de un mercado “perfectamente competitivo en el sentido de competencia perfecta, según se leería en los manuales de economía”, dado que hay tres grandes empresas que conforman un oligopolio.
“Al no existir un mercado de competencia perfecta, se pueden dar situaciones en las que los precios pueden subir, fundamentalmente gracias a la subida de los beneficios empresariales”, agregó, consciente de que este hecho ha llevado a una “situación de frustración o rabia social acumulada” que juzgó “comprensible” cuando se relaciona la factura de la luz con el incremento “espectacular” de beneficios de las tres grandes empresas que operan en España.
Según Garzón, es “normal” que esto “genere una sensación de frustración muy importante en nuestra población” y a ello unió el hecho de que la política pública relacionada con las empresas energéticas en España en las últimas décadas resulta “perfectamente mejorable” a su entender.
Tras puntualizar que el precio de la energía no es el único factor que “influye” en la factura de la luz, el titular de Consumo recordó que los aproximadamente 1.000 millones de euros de beneficios caídos del cielo que se van a “retirar” a las compañías repercutirán en una rebaja de la factura de la luz, si bien la medida “no tiene un impacto inmediato en el corto plazo”, algo que el Ejecutivo “ya está estudiando” para que se pueda traducir en una “rebaja sustancial” del recibo.
Además, advirtió de que el bono social es un “instrumento que tiene que ser mejorado” para que ayude a “pagar la factura de luz” a la población más vulnerable, que no puede sufragar el coste de un suministro básico “indispensable para tener una vida digna” y reiteró la importancia de que España cuente con una empresa pública de energía como un “instrumento útil también para la política energética” del país.
Asimismo, comprometió el esfuerzo de su departamento para “contribuir todo lo posible” a que la factura de la luz “sea más sencilla de comprender” y a que el sistema “sea entendible por la totalidad de los españoles” al mismo tiempo que ”permita adecuar nuestros contratos a las necesidades reales de nuestra familia y de nuestro hogar”.
En este sentido, afirmó que el Ejecutivo también “tiene que corregir” situaciones como las que provocan que en algunos municipios la población que tiene problemas para llegar a fin de mes “recurre” a organizaciones no gubernamentales para que les paguen la factura de la luz, algo que, aseguró, “sucede de manera sistemática, pero se agudiza cuando hay situaciones contextuales como las que estamos describiendo”. ”No cabe escurrir el bulto ni la preocupación” ante esta situación, dijo, consciente de la urgencia de “tomar medidas” para que la factura de la luz “sea asumible por el conjunto de los españoles”.