Así lo señaló durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, en la que explicó que el “consenso amplísimo” alcanzado tanto en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados como en su posterior ratificación en el Pleno de la Cámara Baja, hacen que, como “precio a pagar por un consenso tan amplio”, las recomendaciones son “genéricas y no son fáciles de llevar a una norma, porque detrás de cada recomendación cada grupo puede estar viendo una cosa distinta”.

Asimismo, apuntó que la aparición del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene entre sus componentes uno dedicado a la reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad, “ha complicado” llevar a cabo las recomendaciones del Pacto de Toledo porque “nos ha marcado unos plazos que no eran con los que contábamos”. De esta manera, el Plan de Recuperación y tener que abordar más a corto plazo la reforma del sistema, “ha supuesto comprimir mucho los plazos del diálogo social” al respecto.

Respecto a esta reforma, Arroyo reconoció que “el punto de partida con la Comisión Europea ha sido complicado” a la hora de abordar los términos de la reforma, ya que “partíamos de una situación que a ninguno nos resultaba confortable”. En concreto, el secretario de Estado explicó que desde Bruselas abogaban la reforma de pensiones de 2013 que recordó que “no pactó el Pacto de Toledo” y “no pasó por el diálogo social”. Citó que esta norma introducía la desvinculación de las pensiones con el IPC con el Índice de Revalorización de las Pensiones y el Factor de Sostenibilidad, y que “éste es el punto de partida de la Comisión Europea pero no es el punto de partida del Pacto de Toledo”.

En este sentido, explicó que “hemos tenido que ir a la Comisión Europea y explicarles que la reforma del Pacto de Toledo va en una línea distinta, pero eso no quiere decir que las pensiones no sean sostenibles, sino que las medidas que se tienen que adoptar para garantizar esa sostenibilidad se entiende que son diferentes”. El Gobierno ha comprometido en el plan de recuperación la actualización de las pensiones con el IPC y una reformulación del Factor de Sostenibilidad, entre otras medidas.

Asimismo, Arroyo apuntó que las previsiones de Bruselas sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones español “que en su momento comunicó España no eran correctas, no reflejaban adecuadamente cuál es la posición de sostenibilidad del sistema de pensiones a largo plazo, esas cifras ha habido que corregirlas, explicar el motivo de esos errores”.

DEROGACIÓN

Especificó que la Comisión Europea entendía entonces que la derogación del Índice de Revalorización y del Factor de Sostenibilidad suponían “un aumento de cinco puntos en el gasto a largo plazo” en lo que es el porcentaje sobre el PIB, mientras que “la cifra correcta según todas las estimaciones está más en el entorno del 3,5” puntos, pero “ese cinco era una cifra que había salido de nosotros, ha habido que explicar”.

Arroyo señaló que la reforma del 2013 “suponía un recorte del poder adquisitivo del 30%”, por lo que es inviable para el Gobierno.

Así, en lugar de introducir las medidas de recorte del gasto de la reforma de 2013, el secretario de Estado apuntó a otras formas de lograr dicha reducción, como la separación de gastos asumidos en el pasado por la Seguridad Social y que deberían pasar a la administración central, algo que, indicó, ya se ha llevado a cabo en tres cuartas partes.

También se refirió al “impacto muy grande” que tendrá la alineación de la edad efectiva con la edad ordinaria de jubilación, subrayando que se trata de una medida “muy potente” que el Gobierno tratará de lograr mediante incentivos voluntarios.

Arroyo también mencionó como medida para garantizar la sostenibilidad de las pensiones la reforma del sistema de autónomos para que éstos coticen en función de lo que ingresan, y aseguró que, al contrario que en el pasado, esta vez sí se logrará llevar a cabo dicha reforma porque los avances técnicos lo permiten, mientras que en el pasado había muchas dificultades técnicas para integrar los sistemas recaudatorios de la Seguridad Social y Hacienda.

ERTE

Por otra parte, Arroyo resaltó el éxito de los ERTE a la hora de proteger el empleo durante la gestión de la crisis económica derivada de la pandemia y apuntó que desde el pico de la pandemia han salido de los ERTE 3,1 millones de trabajadores.

Asimismo, subrayó que “en esta crisis se ha tardado 15 meses en recuperar el nivel previo de afiliación a la pandemia, mientras que en la crisis financiera se necesitaron 11 años”, y destacó que, mientras en dicha crisis se llevaron a cabo “políticas monetarias equivocadas” que hicieron que la crisis se agravara en 2011 y 2012, ahora “todos hemos aprendido qué cosas no funcionaron entonces”. Por ello, declaró que actualmente hay conciencia de que “es más importante equivocarse protegiendo demasiado que protegiendo demasiado poco” y que “las instituciones internacionales y los bancos centrales han aprendido que es mejor excederse en las medidas de apoyo que quedarse cortos”.