Esa prohibición sería para todo tipo de vehículos que utilicen esos combustibles (salvo los dedicados a servicios de transporte de interés económico general) y todas las empresas que extraigan, produzcan, suministren, distribuyan o vendan cualquier combustible fósil, según informó la Comisión Europea.

La iniciativa defiende que esa prohibición debería aplicarse tanto ‘online’ como fuera del ámbito digital, y abarcaría sobre todo los sectores del deporte, la educación, la ciencia, los acontecimientos públicos y eventos mediáticos de terceros.

Según la Comisión Europea, se trata de una ICE "legalmente admisible", ya que reúne las condiciones necesarias y, por tanto, ha decidido registrarla. El Ejecutivo comunitario aún no ha analizado el contenido de la iniciativa.

A partir de ahora, los promotores de la iniciativa pueden iniciar el proceso de recogida de firmas. Si la ICE recibe un millón de apoyos en el plazo de un año en al menos siete Estados miembro, la Comisión Europea tendrá que reaccionar decidiendo si acepta la propuesta o no, en ambos casos de forma razonada.

La Iniciativa Ciudadana Europea se introdujo con el Tratado de Lisboa como una herramienta de establecimiento de la agenda en manos de los ciudadanos. Fue lanzado oficialmente en abril de 2012.

Una vez registrada formalmente, una iniciativa ciudadana europea permite a un millón de ciudadanos de al menos una cuarta parte de los Estados miembro de la UE invitar a la Comisión Europea a proponer actos jurídicos en ámbitos en los que la Comisión tiene el poder de actuar.

Las condiciones de admisibilidad son que la acción propuesta no cae manifiestamente fuera del marco de las competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico; no es manifiestamente abusiva, frívola o vejatoria, y no es manifiestamente contraria a los valores de la UE.

Hasta ahora, la Comisión Europea ha registrado 79 iniciativas ciudadanas europeas e inicialmente ha rechazado 26 que no cumplían las condiciones.