Así lo manifestaron el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y el secretario general de Fasga, Miguel Vengas, en un debate organizado por Servimedia que abordó si ‘¿Está en riesgo el modelo de pensiones?’ y en el que también participó el exministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio.

Doménech se alineó con revalorizar las pensiones con un indicador de precios pero no consideró necesario que sea el IPC general. En su lugar, apuntó a la posibilidad de que sea el IPC subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni productos energéticos.

Argumentó que la energía es un componente “importante” en el IPC y que una parte de la misma se exporta, con lo que se preguntó si “¿tenemos que proteger a todas y cada una de las personas, también a los pensionistas, de esa pérdida de riqueza que está sufriendo el país?” por la exportación de la energía. “Lo veo difícil, hay que repartir de una manera justa entre empresas, entre trabajadores, pero también entre pensionistas”, respondió.

Además, señaló que otros países no utilizan “exactamente el IPC”, sino otro indicador que refleja una evolución de los precios “de una manera más suave”.

En cualquier caso, este responsable en BBVA Research defendió que el factor para revalorizar no suponga un sesgo “en la misma dirección, que dé lugar a una revalorización a largo plazo de las pensiones por encima del nivel de los precios”.

SISTEMA “AÚN MÁS INSOSTENIBLE”

Desde Fasga, Venegas se opuso al IPC y, de hecho, señaló que en las negociaciones de convenios colectivos donde está presente el sindicato los precios se están desligando “porque no refleja realmente la riqueza de las empresas o el sector”.

En el caso de las pensiones, Venegas llamó la atención sobre la vinculación con el IPC cuando hay menos cotizaciones por los nuevos trabajadores, lo que “al final, desgraciadamente, va a redundar en que el sistema aún siga siendo más insostenible”. Apostó por un indicador que sirva para “mantener ese nivel de vida de los trabajadores” y a la vez tenga en cuenta “el estado de salud tanto de las arcas de la Seguridad Social como del país, y el IPC no termina de reflejar eso”.

Por su parte, Aparicio, que fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales con el PP entre 2000 y 2002, y previamente secretario de Estado para la Seguridad Social, defendió que se incluyan “las malas fases de la economía” y consideró que “lo más justo” es actualizar conforme a la “riqueza nacional o PIB” y hacerlo tomando periodos más allá de un año.

Aparicio también quiso destacar que la cesta de la compra varía con la edad y se debe tener en cuenta para “no crear una descompensación tremenda entre la España activa y la España pasiva”.

A su juicio, “una economía enferma de inflación”, con una tasa muy elevada, se “agrava” si se aplica una subida conforme a los precios sin haber generado la riqueza para ello. La inflación suele estar asociada al crecimiento económico, según explicó, y agregó que si se va a producir una fase expansiva como se prevé, “va a haber inflación, negarlo me parece que es simplemente ridículo”.

Reclamó que se elaboren los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que “mejor aprovechen esa recuperación económica y no los que agraven o compliquen esa recuperación”.

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD

En cuanto a la derogación del Factor de Sostenibilidad de la reforma de pensiones de 2013 que el Gobierno quiere sustituir por otro indicador de equidad intergeneracional y del que no se conocen los detalles, el responsable de Análisis Económico de BBVA Research consideró que el nuevo factor “si está bien diseñado, debería tener un ajuste similar” en las pensiones a largo plazo.

Doménech expuso que el Factor de Sostenibilidad de 2013 no buscaba reducir la cuantía de las pensiones, sino acompasar su crecimiento a la esperanza de vida. “Si la edad de jubilación evoluciona al mismo ritmo que la esperanza de vida, el Factor de Sostenibilidad tendría un impacto nulo”, explicó.

Aparicio se alineó señalando que “esto funcionará bien” si las expectativas de las nuevas generaciones son comparables a las de las que van saliendo o permanecen en el mercado de trabajo. “Lo que no se puede es ir abriendo esa brecha” entre los nuevos cotizantes, con bases “muy reducidas”, y unas pensiones que “parecen altas”.

Apuntó que financiar un gasto en pensiones equivalente al 10% o 12% del PIB no tiene que generar “problemas” y que incluso se puede dedicar un “15%, 16% o 17% de su riqueza”, pero incidió en que “es un hecho la mejora de la esperanza de vida” y la respuesta que se dio “fue equilibrada y entonces asumida y asumible por todas las fuerzas políticas”.

Fasga reconoció que el Factor de Sostenibilidad de 2013 “va a impactar en decrecimiento de la pensión, pero el dinero que hay es el que hay” y que tiene un “coste” en términos electorales. Abogó por “hacer un cambio en el sistema como ya lo han hecho otros países”, que sea “progresivo” y que se disponga de información sobre la pensión que se va a cobrar con antelación porque actualmente se plantea el ahorro con más de 50 años de edad y “ya es tarde”.