Así lo afirmó en respuesta a la diputada de EH Bildu, Isabel Pozueta, tras señalar que “es un informe en el fondo y en muchas cuestiones, bastante razonable”, pero subrayó que el Gobierno no comparte y no va a compartir, apreciaciones como “que el enaltecimiento del totalitarismo que nos corresponde a los españoles, que es el fascismo de la dictadura franquista forma parte de la libertad de expresión”. Para Calvo, eso significa “el vilipendio absoluto de todas las víctimas que quedan por reparar”.

Pozueta acusó al CGPJ de defender la dictadura franquista, y afirmó que es “el mejor ejemplo de los pilares del régimen del 78, que siguen sin democratizarse”. La diputada de EH Bildu también rechazó la vigencia de la Ley de Secretos Oficiales, y consideró que al acceso a la justicia sigue negado por la ley de Amnistía de 1977, y denunció que “la reparación no da una satisfacción integral a las víctimas del terrorismo de Estado”.

Carmen Calvo destacó que el proyecto tiene un compromiso estricto con el derecho humanitario, con las recomendaciones de Naciones Unidas para con “los compatriotas que están desaparecidos, sin identificar, sin devolver a sus familias, sin restituirles la dignidad, que es lo más importante”.

Por eso, añadió la vicepresidenta primera, el Gobierno lleva “más de un año” trabajando con las asociaciones, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las familias, “para ir rápido en la identificación, en la exhumación, y en la reparación de la dignidad de las víctimas”. Y recalcó que “en nuestro país lo que ocurrió fue el prólogo del resto del fascismo que llegó a Europa”, por eso el Ejecutivo no asumirá las citadas recomendaciones del informe del CGPJ.