Sus manifestaciones las realizó durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Económicos y de Transformación Digital en el Congreso de los Diputados, al ser cuestionado con el informe del Banco de España donde cifra entre el 0,6 y 1,1% el empleo que habría dejado de crearse en el año 2019 por la subida del 22% del SMI -entre 70.000 y 180.000 empleos- y de la Comisión de Expertos del ministerio de Trabajo.

Según recordó, dicha Comisión ha estimado que el gap entre el SMI y el 60% del salario medio supone “entre 62 y 97 euros”. “Yo creo que es muy útil tener esa medida de la distancia y saber con confianza que vamos a poder cumplir el objetivo que tenemos fijado para la legislatura de llegar al 60%”, apuntó.

García Andrés recordó que “en los dos primeros años de legislatura el salario mínimo ha subido casi un 30%, la subida mayor en cuatro décadas”, lo que supone “un logro extraordinario”. Y señaló que “sus efectos económicos han sufrido una transformación”, donde “se había ido viendo que los efectos negativos sobre el empleo se han moderado” y tiene otros adicionales sobre la desigualdad y sobre las condiciones de aquellas personas que cobran el salario mínimo, por lo que lo consideró “un gran avance”.

Además, juzgó como un “logro” que la subida haya tenido lugar antes del “golpe de la pandemia” porque ha permitido beneficiarse a muchos trabajadores en sus nóminas. Con la subida del SMI entre el 2019 y 2020, refirió que “España se ha colocado entre los países que tienen una situación mejor en términos de SMI respecto al salario medio”.

Por otro lado, auguró que “en 2023 la desigualdad va a ser mucho menor que la que tengamos con datos de 2020”, apuntando que los indicadores de alta frecuencia disponibles muestran que “el empeoramiento ha sido mucho menor” durante el pasado ejercicio por la crisis del Covid gracias a las medidas articuladas por el Gobierno para ayudar a familias, trabajadores y empresas.

Al ser cuestionado sobre la reforma laboral, recordó que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia establece “una serie de reformas que tienen que aprobarse antes del final de 2021”, citando la simplificación del menú de contratos, la subcontratación, la modernización de la negociación colectiva y “la creación de dos nuevos mecanismos de flexibilidad, uno cíclico y otro estructural”, junto con “el componente fundamental de formación y cualificación”.

Ahí, detalló que los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) han sido “un instrumento de flexibilidad interna que ha tenido unos resultados extraordinarios”, desplegados en un entorno de emergencia, que el Gobierno considera “muy útil” la posibilidad de “ampliarlos, adaptarlos para que puedan seguir siendo útiles” en el futuro.