En la entidad enmarcaron este lunes su adhesión dentro del compromiso con las empresas, fortalecido durante la pandemia y "en línea" con el nuevo plan estratégico que focalizará buena parte de los esfuerzos en atender, precisamente, las necesidades del segmento de cliente empresas.

El código aprobado por el Gobierno en mayo pasado establece los compromisos que adquieren tanto los bancos como las empresas financiadas para reestructurar su deuda, a fin de darles margen y oxígeno para atender sus pagos.

Una vez que la entidad se adhiere se compromete a aplicar sus condiciones, entre las que figuran ampliar el plazo de devolución de la financiación avalada por el ICO a solicitud del deudor e, incluso, del periodo de carencia si cumple con los requisitos establecidos para ello.

Otra posible alternativa en la reestructuración es convertir la financiación en un préstamo participativo o, como última opción, aprobar quitas para reducir el capital principal de la deuda financiera. Para este último caso, los bancos que se adhieran al código aplicarán quitas si así las asume también el ICO en la deuda avalada.

Al secundar el código, las entidades financieras se comprometen a examinar el total de sus deudas con el fin de que la restauración de la solvencia empresarial no descanse solo en el préstamo que tiene aval del ICO, y a mantener sus líneas de circulante, como mínimo, hasta diciembre de 2022.

Para acogerse a este código, las empresas que soliciten reestructuración de deuda deben haber sufrido una reducción de sus ingresos de, al menos, el 30% en 2020, tener pérdidas el pasado año y no haber incurrido en impagos ni estar sujetos a procesos concursales.