Los municipios son La Acebeda, Alameda del Valle, El Atazar, El Berrueco, Berzosa del Lozoya, Braojos de la Sierra, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, La Hiruela, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Madarcos, Montejo de la Sierra, Patones, Pinilla del Valle, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Puentes Viejas, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, El Vellón y Villavieja del Lozoya, según señaló este lunes la consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad en funciones, Paloma Martín.

La consejera firmó hoy un convenio con el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Puentes Viejas, Gabriel Ramírez, con una dotación de más de 368.000 euros –un 70% más que el año pasado–, para poder mantener una Oficina Técnica de Asesoramiento con personal especializado para ayudarles en la redacción de los planeamientos urbanos, que son competencia municipal y conllevan una gestión compleja y muy especializada.

El Ejecutivo regional pretende así reforzar la atención al ciudadano en las zonas rurales y convertir estas localidades en espacios atractivos para la implantación de actividades que generen empleo.

Los ayuntamientos podrán, a través de sus planeamientos urbanísticos, facilitar el arraigo poblacional dotando los servicios públicos necesarios y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de sus vecinos favoreciendo un crecimiento sostenible.

El Gobierno regional también impulsa esta ayuda para favorecer el desarrollo rural de estos municipios, ya que les permitirá prestar servicios necesarios en materia urbanística que no podrían afrontar de forma aislada. Estas prestaciones se centran en el asesoramiento técnico y jurídico sobre urbanismo, la resolución de consultas urbanísticas, la emisión de informes urbanísticos personalizados a cada necesidad, así como todo lo relacionado con la información y orientación que necesiten en esta materia.

Además de esta ayuda, la Comunidad de Madrid destinará 1,4 millones este año hasta 2024 para los municipios con una población igual o inferior a 15.000 habitantes de la región, que cuentan con una menor capacidad económica y de gestión, para dotarles de los instrumentos necesarios para que puedan redactar los planeamientos generales y de desarrollo urbano, así como las modificaciones que se les puedan plantear en este sentido.