En declaraciones a Servimedia, Comendador explicó que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la duración media de los procedimientos concursales en España se sitúa en 4 años y 4 meses, una cifra muy lejana a los 6 meses que Aspac considera adecuados. En la actualidad, el anteproyecto de ley de la reforma concursal se encuentra paralizado, y España ya ha pedido una prórroga hasta julio de 2022 para trasponer las directivas europeas.

“La rapidez del concurso incide mucho en la solución. Si la empresa es viable, en poco tiempo debería poder firmar un convenio o maximizar el valor de sus activos. Una compañía que tarda cinco años en vender sus activos pierde todo su valor”, explicó el presidente de Aspac.

En este sentido, Comendador subrayó que los tiempos son “cruciales” y criticó las demoras administrativas del sistema. “La ley dice que, al día siguiente de presentar un concurso de acreedores, éste se admite. La realidad es que hay juzgados que no lo declaran hasta que pasan seis meses. Eso es certificar la muerte de la empresa. Y luego, la tramitación también es lenta”, prosiguió.

El motivo de estos retrasos tanto en la declaración como en la tramitación se debe a un embotellamiento del sistema judicial, que, según Comendador, “no tiene medios materiales ni humanos para absorber el número de procedimientos” presentados desde 2010.

Por ello, Aspac se ha ofrecido a realizar “muchas” de las gestiones de trámite y comunicación en sus despachos, para así hacer frente al posible “aluvión” de concursos que pueda generar el fin de la moratoria concursal. De este modo, ayudarían a “agilizar” el sistema y rebajar el tiempo de tramitación hasta la mitad.

Sin embargo, Comendador afirmó que desconocen si esta solución ha sido incorporada a los borradores del anteproyecto de ley, porque el Gobierno trabaja en la reforma de forma “muy reservada” y, a su juicio, “equivocada”.

“No hemos tenido acceso ni participación en la redacción de los borradores, tampoco los conocemos”, aseguró el presidente de Aspac, quien se lamentó por la situación. “Los principales agentes de las insolvencias somos los administradores concursales y creo que deberíamos tener, cuanto menos, voz para expresar nuestras opiniones”, prosiguió.

Desde la asociación consideran que su propuesta es una solución “muy valida”, y esperan que el Gobierno la valore porque consideran que el escenario actual es “incómodo y hostil” para las empresas insolventes.

“A nadie le gustan ni las insolvencias ni los médicos, pero lamentablemente hay enfermedades y disoluciones. Ojalá todas las empresas fueran viables, pero no es así. Tenemos que convertir la ley concursal en un sanatorio y no en un tanatorio. Lamentablemente, hoy las empresas vienen al concurso como quien va al tanatorio”, concluyó Comendador en referencia al embotellamiento del sistema judicial.

ELIMINACIÓN PRIORIDAD DE PAGO

Respecto a otras medidas que Aspac defiende introducir en la reforma concursal, se encuentran la posibilidad de aprobar quitas de deuda en medio de concursos de acreedores, y la eliminación de la prioridad de cobro por parte de las administraciones públicas.

“Las administraciones públicas gozan de unos privilegios exagerados y que también contribuyen al poco éxito del concurso. En otros países no existen”, explicó Comendador. En este sentido, recordó que el sector público es el primero en detectar los síntomas de insolvencia de las compañías, ya que las sociedades tienen compromisos de pago mensuales con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

“Deberían tener una luz de alerta. No le puedo dar privilegios al que es el primer conocedor de estos hechos”, continuó.

ESTATUTO DEL ADMINISTRADOR CONCURSAL

En paralelo, el presidente Aspac exigió la creación de un estatuto del administrador concursal porque “cualquiera” puede ejercer como un profesional con la legislación actual.

Comandador reclamó incorporar un examen de acceso “potente” que acredite que el interesado es un profesional y acredita formación, y recordó que en España hay más de 12.000 administradores concursales. “Es fundamental regular el acceso a la profesión. Es uno de los principales problemas”, apuntó.

Respecto a por qué la reforma concursal está paralizada, Diego Comandador reconoció que desconoce los motivos. “A lo mejor no se ponen de acuerdo entre ellos, pero es lo que intuyo”, concluyó.