Así lo aseguró el presidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), Diego Comendador, en una entrevista a Servimedia, en la que aseguró que el sistema “no tiene medios materiales ni humanos” para “desaguar” el número de procedimientos que se presentarán en enero de 2022.

En este sentido, Comendador dijo que esta situación se ha prolongado desde el 2010 y citó una estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que calcula que la duración media de los concursos de acreedores es de 52 meses, es decir, 4 años y 4 meses. Para Aspac, el tiempo adecuado para estos procedimientos administrativos debería situarse en torno a los 6 meses.

“Los tiempos son cruciales. La rapidez del concurso incide mucho en la solución”, explicó Comendador. “Si la empresa es viable, en poco tiempo se debería firmar un convenio o, al menos, maximizar el valor de sus activos. Pero una compañía que tarda cinco años en vender sus activos pierde todo su valor”, prosiguió el presidente de Aspac.

La realidad se asemeja al segundo escenario relatado por Comendador, quien señaló que las empresas se presentan a un concurso de acreedores “como quien va al tanatorio”. En la actualidad, el 90% de los concursos de acreedores finalizan en liquidaciones, según el presidente Aspac.

Esta situación coyuntural podría agravarse a partir del 1 de enero de 2022, fecha en la que se pondrá fin a la actual moratoria concursal y, por tanto, las empresas insolventes tendrán la obligación de concursar. En el primer trimestre de este año, el número de concursos de acreedores repuntó un 44% respecto al mismo periodo de 2019, pero, en opinión de Comendador, “la crisis es más grande” de lo que preveían y “aún quedan muchísimos por presentar”.

“NULA CULTURA CONCURSAL”

Comendador dejó caer así la posibilidad de que exista un “aluvión” de concursos como consecuencia de la “contención” producida por la moratoria concursal, y de la “nula cultura concursal” que existe entre las compañías españolas. Según Comendador, España es el país europeo con menos concursos de acreedores por cada 10.000 insolvencias (13), una cifra cuatro veces inferior a la media europea (52).

“Nosotros estamos en contra de la moratoria porque conocemos casos de empresarios que, estando en situación de insolvencia, se están dejando llevar por la inercia. No tienen obligación de presentar el concurso y tienen a alguien que les financia los ERTE”, señaló el presidente de Aspac, quien matizó que existen algunas compañías insolventes que sí son viables y “se subirán al carro” de la recuperación económica.

Diego Comendador sostiene que, “cuando una empresa no es viable, tiene que cerrar o reestructurarse cuanto antes”. “Si tú tienes un puntito vas al médico, y allí te lo tratan, te lo extirpan y puedes curarte. Que el médico te diga que no es obligatorio que vayas no significa que no tengas que ir”, prosiguió.

Como consecuencia de estos dos factores, el presidente de Aspac compartió el diagnóstico del Banco de España, que ya alertó el pasado mes de mayo de que muchas empresas deudoras pero viables podrían convertirse en inviables por sobreendeudamiento, y auguró que las empresas llegarán “desfondadas” a 2022.

“El Banco de España y Aspac tenemos muchos puntos en común”, afirmó Comendador, quien reveló que ambas entidades tuvieron una reunión en la que coincidieron en aplicar un cribado para que solo las compañías viables pudieran beneficiarse de la moratoria. Sin embargo, el Gobierno desoyó la propuesta.