Infancia

Derechos Sociales pide "estar atentos" para evitar que el trabajo infantil resurja en España

- Por las dificultades para la regularización de migrantes

Madrid
SERVIMEDIA

El Secretario de Estado para la Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Enrique Santiago, señaló este viernes que el trabajo infantil en España “es prácticamente inexistente”, pero pidió “estar atentos” para evitar que “empiece a extenderse” como resultado del “actual marco regulatorio, creado por políticas migratorias incapaces de abordar esta realidad”.

En su opinión, “la trata y otros fenómenos de explotación infantil en países europeos están muy vinculados a los problemas de regularización creados por las políticas migratorias”.

Santiago realizó estas declaraciones en la inauguración de un acto organizado con motivo del Día Internacional contra el Trabajo Infantil que se conmemora mañana, sábado, promovido por la OIT, Unicef y el Grupo Infancia y Cooperación de la Coordinadora de ONGD y la Plataforma de Infancia.

Según explicó, el Gobierno está “seriamente comprometido” con el cumplimiento del ODS 8.7, que fijaba la erradicación total del trabajo infantil para 2025. ”Teníamos buenas expectativas”, pero “los últimos datos hacen pensar que, si no se adoptan medidas urgentes, no vamos a lograrlo”.

Con ello, el secretario de Estado destacó los datos del último informe de la OIT y Unicef, que hablan de un aumento del trabajo infantil por primera vez en 20 años. Son 9 millones de niños más, hasta un total de 160 millones, recalcó.

A su juicio, “se necesitan políticas activas” para acabar con este problema, y detalló los planes del Gobierno en este sentido. “Vamos a trabajar para conseguir mejores datos sobre esta realidad y una configuración de las zonas de especial riesgo, a fin de tener buenas estadísticas”, explicó.

“Hasta ahora, la única herramienta con que contábamos era la inspección de trabajo”, lo que en ocasiones “puede ser insuficiente”. Por ello, Santiago apostó por “conseguir la implicación de otros actores para detectar fenómenos que son difíciles de identificar por la inspección”, y propuso una alianza que “implique al Gobierno central pero también a las comunidades autónomas, a las empresas, a sindicatos y a las organizaciones sociales”.

También defendió “una norma general que avance en establecer obligaciones sobre Responsabilidad Social Corporativa, para que no se trate solo de compromisos adquiridos por las empresas”, sino de obligaciones que acerquen al cumplimiento de la agenda 2030.

Finalmente, se refirió a la puesta en marcha de un plan integral contra la explotación sexual, que incluiría, por supuesto, a los menores.

(SERVIMEDIA)
11 Jun 2021
AGQ/clc