En declaraciones a Servimedia, Silva se mostró cauteloso ante la posición de la Comisión de Expertos adelantada por "El Periódico de Catalunya", dado que el dictamen "no es definitivo", pero, si se confirmara, reconoció que le parece "muy bien que se haga".

"Lo que no puede ser es que una democracia sostenga con fondos públicos monumentos dedicados a un dictador, y que las víctimas del dictador tengan que pagarlo con sus impuestos", argumentó. "Lo normal es que una familia, mientras tenga posibilidades, mantenga la tumba de su familiar".

Empero, Silva reprochó al Gobierno que haya delegado en una comisión algo que "tenía que haber hecho directamente", y que haya decidido no asumir la responsabilidad y el esfuerzo económico de hacer una investigación del estado de los restos de los represaliados republicanos, para sopesar su traslado a cementerios civiles junto a sus familias.

"UNA DECISIÓN POLÍTICA"

A su juicio, el informe que dictamina la inviabilidad del intento "no es suficientemente contundente" y, según los forenses a los que él ha consultado, "técnicamente se podría hacer algo". Por tanto, la renuncia a explorar esta vía sería "una decisión política" que ha querido adoptar el Ejecutivo.

El presidente de la ARMH contestó también al vicepresidente de la Fundación Francisco Franco, Jaime Alonso, quien aseguró a esta agencia que la mayoría de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos lo están por autorización de sus familias.

Según dijo, el censo de los inhumados no existe, pues la documentación la tienen los monjes y Patrimonio, pero, en cualquier caso, habría "miles" de cuerpos enterrados sin permiso, a mayores de los retirados de allí, también sin autorización familiar, por un camión en los años 50.

En todo caso, concluyó, le parece "lamentable" minimizar las cifras de cadáveres trasladados al Valle de los Caídos desde fosas comunes, una actitud que a su juicio solo pretende "embellecer la política de represión del dictador".