Así lo dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados al que acudió para defender la conocida como ‘Ley rider’ que presume que los repartidores de las plataformas digitales son trabajadores asalariados y no autónomos.

Díaz destacó que la nueva norma española es “pionera internacionalmente” y “vanguardista” y aseguró que “no vamos a retroceder en el camino” de dotar de derechos en el marco de las plataformas digitales. Consideró que los algoritmos se deben transparentar por parte de las empresas para “contribuir a la igualdad real y efectiva”.

La vicepresidenta tercera y titular de Trabajo afirmó que “el derecho del trabajo no es optativo” y que la inteligencia artificial y los algoritmos “tienen que estar al servicio de los trabajadores y no al revés”.

Díaz señaló que la norma es “fiel” a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de septiembre, que dictaminó que la relación existente entre un repartidor y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral y no autónoma.

Recordó que además de presumirse la laboralidad de los repartidores, se fija el derecho de los representantes de los trabajadores a conocer las reglas de los algoritmos que afectan a las condiciones laborales. Este punto “no se limita a las plataformas de distribución, se trata de un derecho de información que alcanza a todo tipo de empresas que utilicen algoritmos porque los algoritmos están determinando nuestras relaciones humanas y también nuestras relaciones laborales”, según destacó.

Defendió la oportunidad de la ley y que es “imprescindible en un momento como el actual, tan necesitado de certezas”, además de agradecer a los agentes sociales su trabajo para pactar la norma y redactarla.

La ley de los repartidores fue aprobada el pasado 11 de mayo por el Consejo de Ministros, y, fruto de las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos, establece que los repartidores de plataformas digitales, los llamados ‘riders’, son asalariados y no autónomos.

El acuerdo sobre esta ley fue alcanzado el pasado mes de marzo, cuando Gobierno y agentes sociales coincidieron sobre la “presunción de laboralidad” de los repartidores a través de plataformas digitales que gestionan este trabajo mediante algoritmos del servicio o de las condiciones de trabajo y que supone aplicarles los derechos regulados en el Estatuto de los Trabajadores como los de organización, sindicación, protección social, cotizaciones y salarios.

La norma también fija que la representación legal de estos trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en la toma de decisiones que afecten a las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.

Su entrada en vigor se producirá tres meses después de ser aprobada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de mayo.

El Gobierno también anunció la creación de un comité de expertos para estudiar el “buen uso” de la inteligencia artificial y los algoritmos en las relaciones laborales.

La ley de los repartidores es una de las reformas recogidas en el plan de recuperación del Gobierno y comprometidas con la Comisión Europea para recibir los fondos ligados a la recuperación.