Así lo sostiene con un informe que ha publicado en el marco de la campaña de presión que CCOO inició en febrero para que tengan garantías de salud las casi 170.000 personas que participan en las pruebas.

“Desde entonces hemos planteado nuestras exigencias por carta a los consejeros y consejeras de Educación de cada autonomía y a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, así como en cada una de las mesas de negociación convocadas para la regulación de las oposiciones”, recuerdan desde la organización.
Entre otras reivindicaciones el sindicato reclama que se reduzca el número de opositores por tribunal y se aumente el número de tribunales y sedes para evitar aglomeraciones, habilitar espacios ventilados y que permitan las distancias de seguridad y establecer protocolos claros para tribunales como para opositores.

Con el informe CCOO asegura que se puede comprobar que algunas de las exigencias planteadas no han sido recogidas por las administraciones, “poniendo así en riesgo la salud de las personas que integran el tribunal y de quienes aspiran a conseguir una de las plazas”.
Además, CCOO ofrece un análisis sobre la situación de la temporalidad en la enseñanza pública que demuestra que las administraciones incumplen el Acuerdo de mejora del empleo público firmado en 2017, por el cual se comprometieron a reducir y mantener la temporalidad en un máximo del 8%.