Lo hizo en un comunicado después de que haya trascendido que el joven podría ser ejecutado inminentemente después de que su causa haya sido remitida a la Presidencia de Seguridad del Estado tras la confirmación por el Tribunal Supremo de su condena a muerte.

En ese sentido, la directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Lynn Maalouf, conminó a las autoridades saudíes a que “detengan inmediatamente todos los planes de ejecutar” a Mustafa al Darwish, quien fue declarado culpable en un juicio “plagado de deficiencias basado en una ‘confesión’ obtenida mediante tortura”.

A su vez, aseveró que “el uso de la pena de muerte es una abominable violación del derecho a la vida en todas las circunstancias”, por lo que consumar la ejecución “perjudicaría enormemente el reciente progreso de Arabia Saudí en el uso de la pena de muerte, que hizo disminuir un 85%” este tipo de penas en 2020.

También explicó que el Derecho Internacional de los derechos humanos “prohíbe terminantemente” la pena de muerte contra las personas menores de 18 años en el momento del delito, lo que le permitió recordar que puesto que el acta formal de acusación no especifica el mes preciso en el que se cometieron los presuntos delitos, Mustafa al Darwish podría contar con 17 o 18 años en ese momento.

Por ello, reclamó a las autoridades saudíes que se abstengan de ejecutar al joven, y les instó a “anular inmediatamente” su sentencia y a sentar la bases para que sea juzgado nuevamente “con las debidas garantías”.

Amnistía Internacional subrayó que la causa contra Mustafa al Darwish fue remitida a la Presidencia de la Seguridad del Estado la última semana del pasado mes de mayo, lo que, ante la “ausencia de información transparente en torno a los procesos judiciales”, podría indicar su “ejecución inminente”, en cuanto el Rey saudí ratifique la condena.

Mustafa al Darwish, de 26 años, fue detenido en mayo de 2015 por su presunta participación en disturbios entre 2011 y 2012. Durante su reclusión, pasó seis meses en régimen de aislamiento y de incomunicación, negándosele el acceso a asistencia letrada hasta que comenzó su juicio dos años después, lo que “violó su derecho a un juicio justo”.

En marzo de 2018, el Tribunal Penal Especializado lo condenó a muerte por una serie de cargos entre los que figuraban “participación en rebelión armada contra los gobernantes, bloquear carreteras y sembrar la discordia, formar [...] una red terrorista armada y disparar contra agentes de seguridad y buscar la ruptura de la cohesión nacional mediante su participación en más de 10 disturbios”.