Campo se refirió a esta cuestión en el Pleno del Congreso y al intervenir en una interpelación planteada por el PP, donde la portavoz de este partido, Cuca Gamarra, le preguntó si los indultos y la reforma de la secesión se plantean como un “pago político” a los “socios secesionistas” del Ejecutivo.

“Este Gobierno no tiene más deudas que las contraídas con la ciudadanía por haber depositado en él su confianza”, respondió el ministro, quien añadió que el derecho de gracia y los cambios legales son “herramientas” que tiene el Gabinete de Pedro Sánchez “para cumplir con su función constitucional de defender el interés público”.

En cuanto a los delitos de sedición y rebelión, señaló que “si se llegan a reformar” no será “en ningún caso” con el fin de “favorecer a individuos concretos”, sino porque existan “razones objetivas de naturaleza jurídica que obligan a repensar estos delitos de cara a adaptar su formulación al contexto presente”.

“COBARDÍA Y TEMBLEQUE”

Por su parte, Gamarra sostuvo que el Gobierno ha retrasado la concesión de los indultos a que pasen las primarias del PSOE en Andalucía y a que llegue el verano, lo que es la “prueba más vergonzante de la cobardía y del tembleque” que hay en La Moncloa a la hora de tomar una “decisión arbitraria”.

Indicó que levantar la condena a los responsables del 'procés' es “un desafuero propio de un Gobierno débil frente al que se ha levantado el Tribunal Supremo”, en referencia a que este órgano haya emitido un informe claramente contrario a los indultos.

Además, la portavoz del PP se refirió a que si la reforma del delito de sedición se produce cuando sigue habiendo condenados y huidos por el 'procés', supondrá que se adopta esta medida “con nombre y apellidos”, en alusión a que el Ejecutivo buscaría favorecer así a los dirigentes independentistas.