Así lo indicó Aizpurua en la Cámara Baja durante su interpelación a Iceta sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra 30 leyes de contenido social y económico en los últimos 10 años. La diputada de Bildu recordó que muchas de ellas están anuladas total o parcialmente y algunas de ellas aún están pendientes de resolución judicial.

Los “avances” que supondrían estas leyes recurridas, continuó, “van llegando a este Estado años después”. “Cualquiera pensaría que sólo se puede avanzar cuando el Gobierno lo permite”, lamentó, al tiempo que señaló que no es una cuestión competencial, sino de “superioridad y control político”.

A su juicio, la explicación a esta situación es que se hace por “temor” a que cada vez más vascos vean que “cuanta más capacidad de autogobierno tengan, mejor les irá”. Por ello, criticó que se sigan usando los tribunales y la justicia para “recordarles que están supeditados a Madrid, a lo que se decida desde aquí” y acusó al Estado de tener “tics autoritarios y centralizadores”.

Para solventar esta situación, Aizpurua abogó por abrir un nuevo tiempo de “reconocimiento, respeto y acuerdo” en el que la política se abra paso frente a los tribunales y las palabras frente a las sentencias. En este sentido, pidió a Iceta renunciar a la vía judicial y apostar por la vía política, que las “desavenencias” se solucionen mediante el dialogo y que no se “pongan en duda” las decisiones que los parlamentos autonómicos tomen de forma “democrática y mayoritaria”.

ACUERDOS

Por su parte, Iceta rechazó el compromiso que le pidió Aizpurua porque se trata de un compromiso que “no puede” ni va a adquirir. Al respecto, aclaró que no se puede comprometer a no presentar un recurso en los casos en que un parlamento autonómico apruebe una ley que los servicios jurídicos del Estado consideren que “vulnera” sus competencias o en un caso “extremo”, que vulnere un derecho o una libertad fundamental.

A pesar de ello, Iceta se comprometió a apostar por el acuerdo, con el que, según recordó, se ha conseguido no el cambio de la ley autonómica sino la modificación de la ley estatal. “Creo en el Estado de Derecho, en la necesidad de respetar la ley y eso no impide ni la plurinacionalidad, ni el autogobierno, ni el mejor servicio a los intereses de los ciudadanos”, apuntó.

“Nosotros antes que un recurso preferimos un acuerdo, pero somos conscientes de que no siempre es posible”, subrayó. Además, apuntó que el Gobierno es partidario de acuerdos y consensos para resolver los conflictos, pero si no hay acuerdo, “hay recurrir inevitablemente al arbitro que es en definitiva el que tiene que decidir”.