Según informó el Ministerio en un comunicado, Iceta mantuvo el citado encuentro con el secretario general de CEOE, José Alberto González-Ruiz; con el secretario general de Cepyme, Luis Aribayos; el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor; con el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet; y con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez.

La AGE impulsa así la participación del sector social y empresarial en la política de reducción de cargas administrativas a través de la firma de convenios con las organizaciones y asociaciones representativas.

El objetivo de la reunión ha sido avanzar en cuestiones como la mejora de la administración electrónica, reducir la documentación que se solicita en los procedimientos, facilitar la interconexión entre los diferentes departamentos ministeriales, mejorar la información disponible en las páginas web de determinados organismos, facilitar la cumplimentación de formularios o desarrollar campañas informativas sobre temas de interés general, tanto para empresas como ciudadanos.

Los convenios con los representantes empresariales y autónomos tienen el objetivo de propiciar la citada reducción de trámites y cargas burocráticas, además de facilitar su relación con la AGE y contribuir a la reducción de costes de explotación de las actividades mercantiles, ayudando a mejorar la competitividad de las empresas, su desarrollo y su futuro. Los nuevos convenios seguirán analizando la normativa para eliminar, cuando se identifiquen, trabas burocráticas.

Además, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene entre sus prioridades la mejora de la atención a los ciudadanos y ciudadanas con la AGE. De forma especial con el Cermi, las personas con discapacidad y a sus familias, para desarrollar planes y programas que mejoren la atención y la inclusión e identifiquen las trabas burocráticas que todavía existen para este colectivo.

El Cermi es la plataforma de representación, acción y defensa de las personas con discapacidad y sus familias, de la que forman parte todas las organizaciones estatales de la discapacidad, integradas a su vez por más de 7.000 asociaciones, organizaciones y entidades que representan en su conjunto a casi cuatro millones de personas con discapacidad en España, y que tiene entre sus fines prioritarios la mejora de las condiciones de vida y sociales.

La experiencia de las empresas y autónomos y los colectivos que requieren una atención especial facilitará además la correcta identificación de aquellos requisitos que representan obstáculos para el crecimiento y el emprendimiento.

Se pretende potenciar la participación activa del sector social y empresarial en la política de reducción de cargas administrativas, complementando la visión propia que se tiene de las actuaciones de la Administración General del Estado con la de los usuarios, que son los destinatarios últimos.