Su contenido es crítico con la norma al considerar que vulnera la libertad de expresión. Así, la apología del franquismo estaría, a su juicio, amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas.

La falta de consenso entre los dos ponentes designados para elaborar el informe preceptivo al anteproyecto de ley ha obligado al CGPJ a designar a dos vocales diferentes para tratar de desatascar una situación que obligó al órgano de gobierno de los jueces a solicitar una prórroga al Gobierno.

El proyecto, impulsado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya ha pasado el análisis del Consejo Fiscal, trámite que salvó por la mínima gracias al voto de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Los fiscales conservadores criticaron la indefinición del proyecto en cuanto a si la labor del ministerio público es proteger a las víctimas o emprender acciones penales.