Para tener en cuenta la creciente importancia de la protección del clima, las directrices revisadas se denominarán ‘Directrices sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente’, según informó el Ejecutivo comunitario.

Las Directrices propuestas también comprenden normas de compatibilidad en ámbitos emblemáticos como las infraestructuras de movilidad limpia y la biodiversidad, sin olvidar la eficiencia en el uso de los recursos en apoyo de la transición hacia una economía circular. Las partes interesadas podrán responder a la consulta durante ocho semanas, hasta el próximo 2 de agosto.

Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de la política de competencia, apuntó que, “para sostener la transición ecológica, Europa necesitará una cantidad considerable de inversiones sostenibles. Aunque una gran parte procederá del sector privado, las ayudas públicas contribuirán a garantizar que la transición ecológica se produzca con rapidez”.

“Por eso, queremos asegurarnos de que nuestras normas sobre ayudas estatales en materia de clima, energía y medio ambiente estén listas para la transición ecológica. Las normas revisadas facilitarán a los Estados miembros alcanzar los ambiciosos objetivos del Pacto Verde Europeo, manteniendo en un mínimo las posibles distorsiones de la competencia. Ahora invitamos a todas las partes interesadas a dar a conocer su opinión”, añadió.

Las Directrices sobre ayudas estatales en materia de energía y medio ambiente permiten a los Estados miembro de la UE apoyar proyectos de protección del medio ambiente (por ejemplo, protección del clima y generación de energía verde) y medidas para garantizar la adecuación de la generación de energía, bajo determinadas condiciones.

Tienen como finalidad ayudar a los Estados miembro a alcanzar los ambiciosos objetivos de la UE en materia de energía y clima con el mínimo coste posible para el contribuyente y sin falseamientos indebidos de la competencia en el mercado único.

A este respecto, la Comisión propone varias modificaciones de las normas actuales, sobre todo ampliar el ámbito de aplicación de las Directrices para permitir el apoyo en nuevos ámbitos (por ejemplo, movilidad limpia, eficiencia energética de los edificios, circularidad y biodiversidad) y a todas las tecnologías que puedan cumplir el Pacto Verde, incluido el apoyo a las energías renovables.

Aumentar la flexibilidad y racionalizar las normas vigentes con una evaluación simplificada de las medidas transversales en una sola sección de las Directrices, e introducir salvaguardias para velar por que la ayuda se destine efectivamente allí donde sea necesaria para mejorar la protección del medio ambiente y el clima son otras propuestas.

Además, la Comisión Europea pretende armonizar y garantizar la coherencia con la legislación y las políticas pertinentes de la UE en el medio ambiente y la energía, entre otras cosas eliminando gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles, sobre todo a los más contaminantes y a aquellos cuya evaluación positiva por la el Ejecutivo comunitario con arreglo a las normas sobre ayudas estatales resultaría poco probable por sus graves efectos negativos en el medio ambiente.

Las medidas que entrañen nuevas inversiones en gas natural estarán cubiertas por las Directrices únicamente en la medida en que se demuestre que las inversiones son compatibles con los objetivos climáticos de la UE para 2030 y 2050.