Esta formación política señala que según un estudio del Observatorio Social La Caixa publicado en 2019, desde el comienzo de la anterior crisis económica se está produciendo un “descenso acelerado de jóvenes propietarios, ya que el 26% de los menores de 29 años tiene un piso en propiedad, frente al 54% en 2008”.

Asimismo, Cs destaca que según el informe ‘La crisis del Covid-19 y su impacto sobre las condiciones económicas de las generaciones jóvenes’, del Banco de España, la proporción de personas que poseen una vivienda residencial a los 30 años ha disminuido para aquellos ciudadanos que nacieron a partir de 1980. En concreto, el 7% de los nacidos en 1988 poseía su vivienda principal a los 29 años; entre los nacidos en 1976, el porcentaje era del 26%.

Este partido político indica que en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos ambas formaciones se comprometían a adoptar una serie de medidas para garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda “digna” impulsando la política de vivienda con un incremento de la dotación de recursos y adoptando medidas para fomentar el alquiler social, entre otras.

Estas medidas, critica Cs, “lejos” de solucionar el problema de acceso a la vivienda, amenazaban con “tensionar aún más” los mercados que se encuentran “saturados” debido al control de precios que resultaría en una “disminución” de la oferta de vivienda en el mercado libre y un “deterioro significativo” del parque de viviendas.

Ante esta situación, la portavoz de Derechos Sociales de Ciudadanos, Sara Giménez, defenderá una moción para instar al Gobierno a, entre otras medidas, impulsar iniciativas a través del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

Entre ellas destaca incluir los recursos presupuestarios necesarios para que las comunidades autónomas impulsen un programa de puesta a disposición de vivienda en el mercado de alquiler a precio asequible, o acordar que un mínimo del 60% de los inmuebles gestionados por las administraciones públicas y empresas privadas en régimen de precios tasados se reserve para personas menores de 35 años.

Asimismo, aboga por promover la movilización de suelo público para la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible, por crear un mapa interactivo de viviendas de protección oficial destinadas a venta o alquiler social en España.

También reclama impulsar un programa de complemento del ahorro para jóvenes menores de 35 años que pretenden comprarse una vivienda con un complemento de hasta el 20% del precio del inmueble en forma de préstamo sin intereses para hacer frente a la entrada y que será devuelto a las administraciones públicas en función de su renta disponible.