El portavoz de ERC en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Joan Tardà, entregó a Velázquez la documentación sobre algunos casos de vulneración de esos derechos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, entre ellos el de Rosario Palomino, que fue denunciada en una comisaría por un agente que previamente la había increpado por hablar catalán al grito de "Estamos en España".

La mujer pretendía hacer el DNI de su hijo de cuatro años y gracias al testimonio de varios testigos presentó una denuncia ante el Juzgado de guardia de Barcelona por abuso de autoridad, arbitrariedad, intimidación física, y por negarle su derecho de hablar en catalán. Según explicó Tardà, Rosario Palomino cree que el agente se ofuscó especialmente al comprobar su origen sudamericano y escucharla hablar en catalán.

Otro de los casos relatados por Tardà fue el de Iván Cortes, un joven que el 7 de agosto pasado se disponía a coger un vuelo junto a su novia desde Palma de Mallorca a Londres. Cuando dos guardias civiles le pidieron la identificación, respondió primero en catalán y después, "ante la actitud agresiva" de uno de los agentes, lo repitió en castellano.

Inmediatamente fue trasladado a un cuarto próximo al control donde fue golpeado y después otro agente confesó a un superior "el chaval le ha hablado en catalán y al cabo se le ha ido la mano".

Tardà sentenció que hechos así "no pueden tolerarse en un estado democrático" y que además goza de una pluralidad lingüística reconocida, y aseguró que Velázquez le expresó toda su voluntad de investigar y erradicar ese tipo de comportamientos.

Además, explicó que se mostró "receptivo" a la petición de reforzar la formación de los agentes para que sean "competentes lingüísticamente" y sean conscientes de las implicaciones de ser funcionarios en un estado descentralizado y plural como el español, en un territorio con una lengua cooficial.