Su estimación la proporcionó en entrevista con Antena 3 recogida por Servimedia donde reconoció que la revolución introducida con el sistema que tarifica en función de las franjas horarias en las que se realice el consumo hace que “todo el mundo está hablando de a qué hora se pone la lavadora”. “No es un chiste o un chascarrillo, yo sé que los ciudadanos están pensando en estas cuestiones”, admitió.

Calviño explicó que este cambio tarifario “fue decidido hace más de un año” por el regulador” (la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia) con el objetivo de “que pensemos en cómo hacer un uso más eficiente de la energía” y ha coincidido con un encarecimiento del C02, que repercute en el propio coste de producción de la energía.

“Tenemos que plantearnos que, en un momento de expansión económica, cuando empieza una recuperación fuerte y aumenta, por tanto, el consumo de energía, y además aumentan los costes derivados de la transición ecológica, ese coste del dióxido de carbono es un coste para la generación”, remarcó, apuntando que, por ello, “tenemos que hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos en lugar de invertir más en infraestructuras y aumentar aún más el coste futuro del funcionamiento del sistema eléctrico”.

Frente a este contexto, donde la factura puede verse tensionada por un auge de la demanda por la recuperación y el mayor coste de producción, aseguró que desde el Gobierno se ha querido “tratar de bajar el coste y el precio de la mayoría de los ciudadanos”. “El 75% de las horas baja y, prácticamente con un consumo similar al que teníamos hasta ahora, la media es una bajada del 3% del coste del consumo eléctrico”, afirmó, convencida de que “buena parte” de los de los empresarios tienen tarifas planas, por lo que “no se ven afectados”, siendo el objetivo “reducir, por supuesto, la tarifa de la mayoría de los consumidores”.

Para conseguirlo en un escenario de costes superiores de producción explicó que el Gobierno ha aprobado otras medidas como la rebaja del ‘dividendo del carbono’ anunciadas esta semana y que rebaja la retribución de la nuclear y la hidroeléctrica, en previsión también de “un escenario en el que los costes del CO2 se van a mantener altos porque la tendencia no parece que vaya a cambiar”.

“Tenemos que decidir si ese coste adicional lo asumen el conjunto de los ciudadanos, es decir, si es que es un tema de impuestos o si además hacemos que contribuyan las empresas energéticas”, explicó, en justificación de esa “reducción de los beneficios que reciben por las instalaciones que ya están totalmente amortizadas”.

“Son decisiones que son complejas de explicar, pero que yo creo que el mensaje que estamos tratando de enviar desde el Gobierno es que estamos pensando en cómo reducir la carga para la inmensa mayoría de los ciudadanos y cómo hacer una transición que tenga el menor impacto negativo sobre la población”, resumió.