Iceta mostró su satisfacción por el acuerdo y valoró la “valentía” de la Comunidad Foral por asumir esta nueva competencia, que hasta el momento solo tenían Cataluña y País Vasco.

“Aprovecho para animar al resto de comunidades autónomas a que den ese paso en beneficio de los ciudadanos. No se puede desligar el autogobierno del mejor servicio posible a la ciudadanía. Que las competencias en Sanidad en las prisiones sean ejercidas por las comunidades va a mejorar la asistencia a reclusos y reclusas”, apuntó el ministro.

La anterior reunión de la Junta de Transferencias se produjo hace más de 20 años, el 22 febrero de 2001. En este sentido, el ministro aseguró que “el proceso de profundización del autogobierno debe continuar” y explicó que se ha valorado reunir la Junta antes de fin de año.

Mediante la adopción de este acuerdo, la Comunidad Foral ejercerá, dentro de su ámbito territorial y para el centro penitenciario ubicado en Pamplona, las funciones de asistencia sanitaria establecidas en la legislación penitenciaria. Estas funciones incluyen las actividades sanitarias de índole médico-legal determinadas en la legislación penitenciaria.

Seguirán siendo ejercidas por la Administración del Estado la coordinación general de la sanidad penitenciaria en el marco de la garantía de equidad y calidad en el acceso a las prestaciones de la cartera de servicios de la sanidad penitenciaria, y la elaboración de estadísticas para fines estatales en el ámbito de la sanidad penitenciaria.

COORDINACIÓN CON INTERIOR

Para garantizar la coordinación del ejercicio de sus funciones respectivas en el ámbito penitenciario, el Ministerio del Interior y el departamento correspondiente del Gobierno de Navarra constituirán una Comisión de Coordinación y una Comisión Técnica de Seguimiento.

Asimismo, la Comunidad Foral de Navarra participará en los órganos colegiados contemplados en la legislación penitenciaria para la adopción de aquellos acuerdos que, precisando de un criterio médico, transciendan de los de mera organización interna del centro, incidan en los programas de tratamiento de los internos y afecten a sus derechos básicos respecto del cumplimiento de las penas.

El acuerdo también contempla el traspaso a la Comunidad Foral de Navarra de 10 efectivos, adscritos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Finalmente, conforme al régimen de convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, la asunción de esta nueva competencia implica que ésta minore en 2.101.427,63 euros la aportación por la que contribuye a la financiación de las cargas generales del Estado no asumidas.