Desde el Gobierno explicaron que el actual sistema de declaración de las transacciones económicas con el exterior, que data de 1991, establece que, cuando los cobros y pagos se realizan a través de entidades de crédito que operan en España, las declaraciones se efectúen a través de ellas.

Así, las entidades de crédito deben identificar las operaciones que suponen un cobro o un pago exterior, exigir a sus clientes los datos que completan la información de las operaciones en que intervienen y remitir la información al Banco de España.

Por el lado de la oferta, el real decreto reducirá los costes que soportan las entidades de crédito en el sistema actual, ya que se elimina su obligación de suministrar información, más allá de la que pueda ponerse a disposición del Banco de España de manera automática.

Mientras, por el lado de la demanda se verán también afectados por esta norma los consumidores de servicios de pago, y, presumiblemente, puede incidir en una reducción de los costes de estas operaciones para el consumidor final.