El texto, aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, supone la modificación de varias normas y acaba con las incapacitaciones judiciales, lo que implica la desaparición de figuras como la tutela o la patria potestad prorrogada. En su lugar, propone un sistema de apoyos individualizados y adaptados a las necesidades de cada persona, para que así sea ella quien pueda tomar sus decisiones libremente y con información.

Bajo el título genérico ‘Avanzando en los derechos de las personas con discapacidad’, los seminarios se organizarán en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Consejo General del Notariado y Fundación Aequitas.

Cada uno de ellos estará dirigido a un sector social o profesional con el objetivo de analizar con él cómo incide la normativa en su quehacer diario en favor de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

De este modo, el ciclo se inicia este jueves con el seminario ‘Dejando atrás la incapacitación judicial en favor de un sistema con apoyos’, destinado al movimiento asociativo de las personas con discapacidad y diseñado para debatir aspectos tales como el alcance de la reforma, el significado real del sistema con apoyos o la situación en la que quedarán las personas con discapacidad que están incapacitadas judicialmente ahora en España.

El encuentro contará con la participación de Almudena Castro-Girona, notaria y directora de Fundación Aequitas-CGN; Gregorio Saravia, delegado para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU sobre Discapacidad del CERMI Estatal, y Torcuato Recover, abogado de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Estará presentado por José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI Estatal, y moderado por Miguel Ángel Cabra de Luna, director de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE.

Además de este seminario, el ciclo incluye otros destinados a analizar la reforma con trabajadores sociales, personas mayores, organizaciones del tercer sector o fundaciones, entre otros grupos afectados de una u otra manera por la modificación legal.