Así lo anunció este martes la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado ambas medidas coincidiendo, precisamente, con la entrada en vigor de la nueva factura de la luz que discrimina el coste de la tarifa en función de la franja horaria.

Durante su explicación expuso que el Gobierno "quiere velar por los consumidores, sobre todo, por los domésticos e industriales" con la fijación de medidas que permitan contar “con un precio de la energía razonable". “Es obvio que también es importante trabajar porque en nuestro país mantenga el enorme atractivo que tiene para los inversores, a quienes consideramos actores clave en la modernización de nuestro sistema energético”, admitió a renglón seguido, afirmando que el Ejecutivo quiere “un sistema energético bien remunerado, sostenible, rentable”, pero que, sobre todo, “repercuta en beneficio de todos los españoles”.

Según detalló, el ‘dividendo del carbono’, que hoy es retribuido íntegramente a las compañías eléctricas, “es algo más de 1.000 millones de euros al año, que pasan directamente a las cuentas de las empresas” y, en “una parte muy significativa de estos beneficios, deben aminorar la factura eléctrica de consumidores e industriales”.

Pero no es la única tecla que toca para abaratar el recibo. El Gobierno ha aprobado hoy dos medidas. Por un lado, el proyecto de ley que sobre el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que ya remite al Congreso de los Diputados y confía que abarate la factura en un 13% cuando esté totalmente vigente, ya que su adopción será progresivo durante cinco años cuando sea efectivo tras superar la fase parlamentaria. Dicha rebaja vendría tras extraer del recibo de los consumidores los costes de régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), y para su asunción deberán contribuir también las petroleras y gasistas.

La segunda medida, aprobada hoy en primera vuelta como anteproyecto de ley y que hoy mismo se abrirá a consulta pública, es el citado ‘dividendo del carbono’ o también llamados “beneficios caídos del cielo”. Se trata de un mecanismo que paga a la nuclear e hidráulica el mismo precio que a las fuentes más contaminantes cuando estás se han encarecido porque, al ser contaminantes, deben comprar derechos de emisión de CO2 en el mercado por normativa europea y éste ha se ha disparado en los últimos meses.

“Queremos garantizar que los consumidores serán también beneficiados por el precio al alza del C02 y que los beneficios que hay y van directamente a las cuentas de resultados de las empresas puedan también generar un beneficio positivo en la factura eléctrica de los consumidores domésticos e industriales”, agregó Ribera.

Al respecto puntualizó que es más “importante” hacerlo cuando “en poco más de un año el mercado de CO2 ha crecido en un 150% sin que el 90% de nuestra producción eléctrica genere CO2”.

Con solo su aplicación y al margen del efecto que tenga el Fondo para la Sostenibilidad, en el ministerio prevén un abaratamiento de la factura eléctrica de “entre el 4 y 5%” para los consumidores particulares, dependiendo de las hipótesis de precio del mercado mayorista en cada momento ya que su rebaja se hará a trimestre vencidos, indicaron fuentes del ministerio.

COLECTIVOS VULNERABLES

La intención del Gobierno es que un 90% de la rebaja vaya directa a reducir la parte regulada de la factura y su abaratamiento en el recibo dependerá, por tanto, en función de si la producción de energía cuenta con más energía contaminante o no o, lo que es lo mismo, hay más afectación o menos por el coste de compensación del C02.

El 10% restante o unos 100 millones irá a las administraciones públicas para que ayuden a los colectivos más vulnerables, conforme a los cálculos del ministerio liderado por Ribera. En la actualidad hay tres perfiles de vulnerabilidad: los que cumplen los criterios en renta y tienen bonificada un 25% la factura, los vulnerables severos con criterios de rentas más exigentes y que pueden obtener descuentos del 40% y los vulnerables severos en riesgo de exclusión social, donde su rebaja en el recibo llega al 50% porque, además de las bonificaciones, tiene soporte de ayuntamientos o comunidades autónomas.

En el ministerio explicaron que el colectivo de los vulnerables severos ronda los “600.000 y pico”, frente a los solo “7.000 y poco” de los severos en exclusión social porque las administraciones públicas contaban con recursos insuficientes para apoyarles. “Con esos 100 millones podríamos convertir el 60%, que tendrán no solo un 40% de descuentos”, indicaron en el ministerio, explicando que podrán ver reducida su factura un 50% porque las administraciones públicas correspondientes tendrán recursos para ello.

La rebaja la calculará la CNMC cada trimestre en función de la producción energética y será para las plantas anteriores a marzo del año 2005. “Es una medida que hemos tomado con la máxima solvencia y el máximo rigor y cuidado de forma congruente, en primer lugar, con la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya valora algo muy parecido” y con el marco europeo, tanto de funcionamiento del mercado como de introducción de C02 en nuestro sistema, defendió Ribera.

Si bien en el ministerio admitieron el riesgo de que provoque recursos, la ministra expuso que el hecho de haber fijado su rebaja a plantas anteriores a marzo del 2005 “garantiza que no hay ninguno de los inversores que haya tomado la decisión de poder activar esas plantas que en sus cuentas” tomando en consideración el precio del CO2.