Según informó este sábado el Ministerio del Interior, los policías corroboraron que los titulares de los documentos con los resultados de las pruebas PRC −para conocer si se padece o no el coronavirus− no se habían tomado muestra alguna en ningún momento y que su fin era eludir las restricciones de libre circulación que se han llevado a cabo a nivel mundial a causa de la pandemia.

La investigación comenzó tras la explotación operativa de la operación Vitautas, llevada a cabo en el mes de diciembre del 2020, que permitió la desarticulación de una organización presuntamente dedicada a los delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Al parecer, los integrantes de la red desmantelada contaban con la connivencia de ese personal profesional para falsear documentos de pruebas PCR, cuyo certificado en negativo permitiría desplazamientos de sus titulares por diferentes países, destacando que uno de los usuarios era el superior jerárquico de la organización.

El precio aproximado por la emisión de cada uno de los certificados fraudulentos rondaría los 200 euros, y para ello contaban con la colaboración de dos trabajadoras de la clínica. Por un lado, la recepcionista que captaba a los clientes y, por otro, una doctora que firmaba los certificados.

Tras obtener toda la información, los agentes llevaron a cabo la entrada y registro de la sede comercial de la clínica y arrestaron a las dos trabajadoras como presuntas autores de un delito falsedad documental.